Bienvenido al foro!
Parece que has estado leyendo durante un rato...
Si te registras, podrás marcar lo que ya has leído y te podemos avisar cuando hayan nuevos comentarios en los temas que te interesen.
También podrás escribir tus comentarios y hacer preguntas.
Si quieres participar, puedes registrarte, sólo tardarás 1 minuto.
Por una SANIDAD UNIVERSAL
Accede o Regístrate para comentar.
Comentarios
Los médicos acusan a Ignacio González de crear un “apartheid sanitario” con sus privatizaciones
Los médicos han dado un paso más en su lucha contra la privatización de hospitales y ambulatorios que llevará a cabo Ignacio González. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha elaborado un informe en el que defiende la inconstitucionalidad de esta medida, que creará un “apartheid sanitario” al discriminar a los pacientes por zonas.
En un comunicado, la asociación explica el informe que asegura que “como la libertad de elección no es plena, los pacientes de las poblaciones concesionadas tendrían dificultades para acceder a la atención de los hospitales de otras zonas”.
Concretamente, los facultativos especialistas indican que si se implanta esta medida “los hospitales públicos seguirían teniendo un régimen económico presupuestario y cooperativo, en el que no hay problema alguno para que los pacientes se remitan al hospital más idóneo para atenderles; mientras que los hospitales privados tendrían un régimen económico contractual y competitivo, que les penalizaría si remiten a los pacientes de su zona a otro hospital”.
El texto, que AFEM ha elaborado de la mano del bufete López Rodó & Cruz Ferrer, al que ha contratado para llevar estas privatizaciones ante los tribunales, será entregado esta misma tarde, a las 18:45 horas, en la sede del Defensor del Pueblo para que esta institución conozca la realidad de la Sanidad madrileña y acuda al Tribunal Constitucional para interponer un recurso.
Los médicos aseveran en este documento que la habilitación de la Ley madrileña para proceder a la concesión de los servicios sanitarios de los hospitales vulnera las normas constitucionales básicas sobre la seguridad social y sobre la sanidad pública por varias razones, y no sólo porque rompa “la unidad del régimen económico del aseguramiento de la prestación sanitaria”.
Según indican, la norma impulsada por el Ejecutivo de Ignacio González no atiende a cuestiones como que “los Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud no parecen disponer ni de la capacidad ni de las prestaciones para suministrar toda la información que exigiría el cumplimiento de estos contratos y especialmente la facturación intercentros, que es una cuestión clave para que los concesionarios no obtengan una retribución excesiva que no les corresponde”
Es más, el informe pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían; y que tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados.
La AFEM remarca en el texto que la Sanidad pública es uno de los mayores logros de la sociedad española, fruto del esfuerzo continuado de varias generaciones desde hace setenta años, y que “la Comunidad de Madrid se ha lanzado al proceso de privatización sin disponer de estudio alguno sobre los costes reales y sobre la viabilidad de este modo de gestión, y sin contar con ninguna experiencia similar en otros países”
Por ello, tal y como ha afirmado Pedro González, presidente de esta asociación, este proyecto “es un auténtico experimento a nivel mundial. De hecho, por los estudios sobre costes que se presentan en el Informe, el proyecto no parece viable económicamente”
Los médicos también enviarán este informe sobre la inconstitucionalidad de las privatizaciones a la Ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, la de Sanidad, Ana Mato, y a los miembros de la Comisión Sanidad del Congreso, del Senado y de la Asamblea de Madrid.
Nueva huelga
La AFEM ha convocado esta tarde a las 17 horas en el Hospital Doce de Octubre una asamblea de médicos para decidir las características de la convocatoria de huelga, que se llevará a cabo una vez que la Consejería de Sanidad publique los pliegos con las condiciones de la externalización de hospitales.
El Gobierno Navarro prohíbe hablar de los vomitivos menús del hospital de Pamplona
Fuente: http://www.elventano.blogspot.com.es/20 ... ar-de.html
Más de mil reclamaciones contra la vomitiva comida que sirve el Complejo Hospitalario de Pamplona están incomodando al Gobierno navarro. Y para solucionar el problema, la dirección quiere poner la mordaza a la plantilla para que no hablen de ello. Pero las fotos de los menús ya vuelan por la red y un informe del Servicio Navarro de Salud afirma que la higiene en las cocinas es un "desastre".
"Desastre de higiene" o "imposible llevar el protocolo de higiene. Personal mal uniformado, tapas y bandejas sucias que no se cambian, la cinta de emplatado igualmente manchada, mascarillas mal colocadas, pelo fuera de los gorros, alimentos que se recogen del suelo y se vuelven a colocar en su sitio... Son algunas de las irregularidades encontradas por el servicio de Dietética y Nutrición del Servicio Navarro de Salud.
Una serie de fotos de menús han saltado a las redes y vuelan por Internet. Ante tal despliegue gráfico, el pasado miércoles un e-mail de la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario recordaba que "es el director quien debe autorizar la realización de cualquier filmación, entrevista y cualquier otra actividad que esté relacionada o que tenga lugar en el Complejo".
Las técnicas nutricionistas del complejo hospitalario detectaron unas 240 incidencias relacionadas con problemas de higiene en la cocina externalizada desde su estreno, el 21 de enero, hasta el pasado 5 de marzo. Platos, vasos, tazas y cubiertos manchados de cal o restos de alimentos, empleados de la empresa Mediterránea de Catering que no se lavan las manos y tocan alimentos sin guantes o con ellos rotos o suelos y techos con restos de comida son otros problemas reflejados en el informe.
Pero en Pamplona no para de hablarse de tortillas verdes y diminutas, habas que rebotan y pacientes en huelga de hambre, entre la indignación y la mofa.
La llamada de atención ha sido interpretada como un intento de "taparles la boca" a los trabajadores y a los pacientes para enfriar la polémica. "No pueden decir que sea para proteger a los pacientes porque hasta ahora ninguno se ha quejado de la presencia de los medios de comunicación, más bien al contrario, han encontrado en ellos un vía para su frustración y sus quejas. Es de la comida de la que hay que proteger a los pacientes", ha dicho una enfermera
Fuente: http://www.diariodenavarra.es/noticias/ ... _2061.html
Entregadas más de 23.000 firmas contra el servicio de cocinas
La iniciativa gestada en internet para solicitar al Gobierno de Navarra que recupere el servicio público de comidas en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) ha superado las 23.000 firmas. Su impulsor, el vecino de Olaz Jesús Lostao, ha presentado formalmente la petición este jueves ante el Parlamento foral.
En total, se recogieron 23.241 firmas a través de change.org, por lo que Lostao se ha mostrado esperanzado en que, si el Gobierno de Navarra no modifica su postura de mantener el contrato a Mediterránea Catering, al menos los partidos políticos de la oposición respalden la iniciativa popular.
Pese al respaldo obtenido en "tan solo 20 días", Lostao ha reconocido que "hasta ahora no nos han hecho caso. Ni a nosotros, ni a los grupos de la oposición ni a nadie: El gobierno está obcecado en mantener esta situación y los ciudadanos empeñados en revertirla".
Asimismo, ha reconocido que ante el sistema de recogida de firmas utilizado "formalmente, el Gobierno no tiene ninguna obligación, con firmas por internet sin validez legal, pero es un respaldo moral de la gente" que a su juicio debería servir como termómetro del rechazo del nuevo sistema.
"Aquí hay nombres y apellidos de personas que se han involucrado en esto. Si no nos hacen caso tendremos que ira recoger firmas de puño y letra,con carné de identidad, y solicitarlo de otra manera más contundente", ha advertido.
Lostao afirmó a este medio que "de momento, lo que nosotros queremos es que a las buenas se solucione este asunto. Lo que sabemos es que, antes de cambiar el servicio, la comida era buena y redundaba en el bienestar de los pacientes, pero ahora no parece que sea así". Reconoció también que existe una "importante diferencia legal" entre la recogida de firmas y la presentación de denuncias por el servicio de comidas que ofrece actualmente el sistema de hospitales.
El pasado jueves, la Consejera de Salud, María Vera, afirmó que el Gobierno "está vigilando estrechamente el correcto funcionamiento" de este servicio y que, si la empresa acumula un número determinado de sanciones, podría rescindirse el contrato.
Sin embargo, a juicio del propulsor de la petición ciudadana, "no se puede permitir que a ninguna empresa ni servicio se le dé tiempo y que siga teniendo las carencias que tiene y la falta de calidad. Para eso no tiene que haber plazos. Si las cosas no funcionan, se tienen que cortar y cambiar inmediatamente".
La recogida de firmas a través de la plataforma de internet Change.org establece en su exposición de argumentos que, desde que el Gobierno foral "ha privatizado" el servicio de comidas "ha empeorado de forma alarmante la calidad y el servicio de alimentación a los enfermos, dándose bastantes casos en los que se pone en peligro la salud de los pacientes al recibir alimentos inadecuados".
Lostao, que tuvo un familiar ingresado los días previos y posteriores a la contratación de Mediterránea Catering, considera que el ahorro al que alude la Consejería de Salud para la nueva contratación no es real, ya que la comida elaborada no es ingerida por los pacientes y los familiares terminan llevándoles alimentos de su hogar.
"De buenas a primeras, por una decisión arbitraria del Gobierno, se cambia con la promesa de que va a costar menos dinero. Pero la gente no está comiendo la comida del hospital, por lo que esa comida se está tirando a la basura, además de que tienen que llevarle comida de la casa. También siguen los errores en las dietas, a los diabéticos le llevan comida con azúcar, a los hipertensos con la sal", ha asegurado.
Cospedal: “Hemos reducido el déficit sin cerrar un hospital, sin cerrar un centro de salud”
El Gobierno regional ha puesto sobre la mesa la reducción del horario de 21 de los centros de salud que permanecen abiertos 24 horas. De momento está paralizada después de que gran parte de los pueblos afectados llevaran el caso a los tribunales
Los sindicatos denuncian el cierre de "alas enteras" de hospitales y la privatización de cuatro de ellos. Los de nueva construcción serán de gestión privada.
Se refería a la comunidad autónoma que gobierna: Castilla-La Mancha. Y el marco de esta declaración ha sido un desayuno informativo organizado este lunes por Nueva Economía Forum en Madrid, delante de toda la plana mayor de su partido y arropada por cinco ministros. En un momento de su intervención, cuando tocó el turno de hacer un repaso a la situación en la región que gobierna, Cospedal presumió de haber logrado reducir el déficit "sin cerrar un hospital, sin cerrar un centro de salud". Una verdad a medias si se tienen en cuenta los baremos de esta sección, el contexto y los pasos dados por el Ejecutivo regional desde que la número dos del PP relevó al socialista José María Barreda.
Cuando Cospedal sostuvo eso de que ha conseguido mejorar los datos de su comunidad sin cerrar "un centro de salud" obvió que su Gobierno ha puesto sobre la mesa la reducción de horario de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC). Se trata de que dejen de funcionar las 24 horas. En definitiva, acabar con las urgencias. La medida estuvo activa entre los dás 14 y 17 de enero. A día de hoy, no está en vigor. No porque la Consejería de Sanidad castellanomanchega haya dado marcha atrás, sino porque los ayuntamientos afectados iniciaron protestas, llegaron a los tribunales y la Justicia ordenó paralizar estos cierres. Una decisión recurrida por la Junta.
Decisiones judiciales
Precisamente el lunes, el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha ha desestimado este lunes el recurso de reposición interpuesto por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales contra el auto de dicho Tribunal que levantó la suspensión cuatelar de la Orden del Gobierno regional que modificaba el horario de 21 PAC salvo en la zona de Tembleque, informa Europa Press.
El pasado 5 de febrero, Cospedal sostuvo que si estos 21 PAC que tenían previsto reducir su horario permanecen finalmente abiertos "habrá que tomar otra medida de gestión" en otros servicios para alcanzar "el dinero que se iba a alcanzar" con esa decisión. Concretamente se pretendía ahorrar cuatro millones de euros.
Privatización de hospitales
En materia hospitalaria también hay que hacer una serie de precisiones. Los sindicatos vienen denunciando en los últimos meses el cierre de "alas enteras" en los hospitales y la oposición insiste en que han aumentado las listas de espera.
Al igual que su vecina la Comunidad de Madrid , Castilla-La Mancha no es ajena a la privatización hospitalaria. Cuatro de sus hospitales públicos están en manos del sector privado. Lo mismo que ocurrirá con los que se construyan a partir de ahora.
El Gobierno de Madrid veta el debate sobre el vínculo de Capio con las Islas Caimán
El PP usa su mayoría absoluta para tumbar las preguntas del grupo socialista
Los conservadores alegan que el Ejecutivo no tiene competencias para averiguar quiénes integran las sociedades del gigante sanitario
El PP ha usado su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para tumbar todas las preguntas formuladas por el grupo socialista sobre los vínculos del grupo Capio con el paraíso fiscal de las Islas Caimán. El PP, que se dispone a privatizar la gestión de otros seis hospitales, alega que ninguna de las tres preguntas debe ser admitida a trámite porque su objeto “no es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Las preguntas ni siquiera pedían respuesta oral. Tan solo escrita.
Como publicó infoLibre el pasado día 8, los propietarios últimos del gigante de la sanidad privatizada –gestiona cuatro hospitales integrados en la red sanitaria pública madrileña- se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el archipiélago caribeño. Es decir, en uno de los más acreditados santuarios de capitales opacos, puerto y refugio de inversores que se escudan tras sociedades pantalla.
Tras la publicación de aquella primera noticia, el programa de televisión Las Mañanas de Cuatro preguntó al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty por el asunto. Visiblemente molesto, Lasquetty terminó por decir que no sabe si es "relevante" que la madeja de Capio conduzca a las Islas Caimán y que, en cualquier caso, "no tiene la obligación de saber quién es el accionista del accionista".
El blindaje societario de las Islas Caimán, que funciona como colonia británica, impide levantar el manto que protege a los dueños reales y tangibles de una compañía. Solo si un juez lanza una comisión rogatoria –solicitud de ayuda internacional- es posible acceder a esa información, pero ni siquiera eso es seguro: las autoridades de las Islas Caimán son especialistas en marear la perdiz como saben, por ejemplo, los jueces que se han sucedido en la investigación del caso Gürtel.
Incógnitas sin respuesta
Tras las informaciones publicadas por este diario, la diputada socialista Laura Oliva preguntó al Gobierno de Ignacio González si conoce qué personas físicas o jurídicas integran cada una de las compañías del grupo Capio. La parlamentaria interesaba también una valoración del Ejecutivo sobre el hecho de que el conglomerado que gestiona varios centros sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid tenga su sede en un paraíso fiscal. Por último, inquiría al Gobierno sobre su opinión respecto de la estructura societaria de Capio.
Conformada a modo de muñeca rusa, esa estructura societaria planta sus raíces en las Caimán. De allí, pasa a Luxemburgo, salta a Holanda y extiende finalmente sus ramas por España. De las 22 compañías que integran el grupo, al menos 10 tienen carácter instrumental. Es decir, su única misión consiste en poseer acciones de otras sociedades.
La opacidad de Capio le ha llevado a infringir el Real Decreto que regula el Plan de Contabilidad.
Esa norma, de obligado cumplimiento por todas las empresas españolas, preceptúa que la memoria anual de las sociedades debe detallar las retribuciones de cualquier tipo abonadas a los miembros de la alta dirección. Capio Sanidad Holding SL no lo hizo en 2011, último ejercicio cuyas cuentas están disponibles en el Registro Mercantil. El incumplimiento legal llevó a Deloitte a incluir una salvedad –un reproche formal- en sus informes de auditoría correspondientes a los dos semestres del ejercicio.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/22/ ... 06752.html
ICV-EUiA pedirá en el Parlament que Salud evite la doble lista de espera
Joan Herrera, primer secretario de ICV, expresó ayer su rechazo a las nuevas fórmulas que empieza a aplicar el hospital de Sant Pau, que permiten a los pacientes de pago ser operados sin tener en cuenta las listas de espera de la sanidad pública. Herrera, que también preside el grupo parlamentario de ICV-EUiA, anunció que presentará una propuesta en la Cámara para que se “pare esta medida”, y criticó que los ciudadanos tengan un tipo u otro de sanidad, “según el dinero que lleven en el bolsillo”.
EL PAÍS reveló ayer que el hospital de Sant Pau ha comenzado a practicar operaciones de cirugía vascular a pacientes previo pago, evitando así tener que esperar los 8,4 meses de demora que, según el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), soportan los enfermos de la pública para ser intervenidos de varices en el centro barcelonés. El hospital se gastó en 2009 218.000 euros en cuatro informes de la consultora PricewaterhouseCooper en los que se exploraba y analizaba la viabilidad para atender a pacientes provenientes de la sanidad privada.
Herrera atribuyó la iniciativa del centro hospitalario a “CiU y Boi Ruiz”, a los que acusó de permitir que se trate “unas instalaciones que son públicas con una lógica privada, que permite que quien está en una lista de espera pase por delante si paga”
Por su parte, la dirección del centro barcelonés remitió ayer un comunicado en el que asegura que el hospital “estudia un nuevo modelo jurídico” para poder acoger más actividad privada, más allá de la facturación a terceros que lleva a cabo para las mutuas y por la derivación de actividad de otros centros sanitarios.
El hospital de Sant Pau busca nuevas vías de financiación para poder hacer frente a su deuda, que desde 2011 ha aumentado hasta los 30 millones de euros. Este año, aseguran desde la dirección, el hospital generará 19 millones de pérdidas por la imposibilidad de aplicar las medidas previstas por el ERE fallido de 2011, que solo estuvo vigente tres meses —entre final de noviembre de 2011 y primeros de febrero de este año—. Los trabajos para terceros pagados por mutuas o los servicios a otros hospitales, como el de Manresa, aportan el 3% de la facturación del Sant Pau, unos ocho millones.
En el comunicado, el hospital asegura que cualquier actividad privada que se lleve a cabo en el centro no afectará a los servicios que ofrece a la sanidad pública. En este sentido, arguye que las dos operaciones que se han llevado a cabo en el centro a clientes privados fueron por cuestiones “estéticas”, y por tanto estaban fuera de la cartera de los servicios que da el CatSalut.
La dirección del hospital asegura en el texto que las listas de espera en el hospital para operar de varices a los pacientes de la sanidad pública es de 1,64 meses. Sin embargo, este dato no coincide con los ofrecidos por el Departamento de Salud, en los que se revela que el tiempo medio de demora que tuvieron que soportar los enfermos de la sanidad pública para operarse de varices en el hospital de Sant Pau fue de 8,4 meses. Este dato, último ofrecido por el CatSalut, el organismo encargado de gestionar las listas de espera, corresponde a 31 de diciembre de 2012. La ley fija que todos los pacientes tienen derecho a ser intervenidos en menos de seis meses.
Los sanitarios recogen tantas firmas contra las privatizaciones como votos logró el PP de Madrid en las últimas elecciones
El mismo número de madrileños que apoyó la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid ha firmado ahora contra la decisión del Gobierno regional de privatizar la gestión de seis hospitales públicos. Así queda de manifiesto después de que profesionales y usuarios hayan entregado en la Consejería de Sanidad 413.381 nuevas rúbricas contra esta decisión, lo que eleva a 1,32 millones los apoyos recabados por los sanitarios.
Estas firmas se unen a las 911.786 depositadas a finales del pasado mes de noviembre, apenas treinta días después de que el presidente Ignacio González y el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, hubiesen anunciado que el Ejecutivo regional iba a externalizar la gestión de seis hospitales públicos.
De esta forma, la Plataforma de Trabajadores y Usuarios (PATU-Salud), que se ha encargado de organizar la recogida de firmas, ha logrado tantos apoyos como obtuvo el PP de Madrid en las elecciones autonómicas de mayo de 2011.
En aquellos comicios, la candidatura presentada por los populares a la Comunidad de Madrid, encabezada por Esperanza Aguirre, sumó 1,54 millones de votos y logró la mayoría absoluta en la Asamblea regional, en la que cuenta con 72 diputados. Unos datos que, no obstante, son algo peores que los obtenidos por la formación sólo cuatro años antes, en las elecciones de 2007 (1,59 millones de votos).
Los sanitarios y pacientes madrileños esperan que, al haber sumado este número de apoyos, Ignacio González recapacite y retire el Plan de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario público que contempla no sólo la privatización de seis hospitales, sino también de 27 centros de salud, aunque en este último caso y debido a la falta de interesados el Ejecutivo autonómico ha anunciado que finalmente sólo externalizará cuatro.
Una protesta contra Lasquetty en Madrid se salda con un detenido
Según la Policía, el detenido intentó agredir al consejero y un agente que intermedió, resultó herido
El detenido es miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel, organización que desmiente que éste haya cometido "falta o delito" alguno.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron la mañana de este lunes a un miembro de la Asamblea Popular de Carabanchel por un delito de atentado a la autoridad que habría cometido al golpear a un agente que se interpuso en medio para evitar que agrediera al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty cuando éste accedía al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles con motivo de su aniversario, informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Desde la Asamblea Popular de Carabanchel se insiste en que su compañero ha sido detenido "sin haber cometido delito o falta alguna".
Según informa Europa Press, los hechos se produjeron alrededor de las 11 horas del lunes cuando se había montado un dispositivo policial con motivo del aniversario de este centro hospitalario. En el momento en que Lasquetty se disponía a acceder al hospital, un hombre de 35 años se abalanzó sobre él de "forma violenta y con intención de agredirle", explicó la Policía.
En ese momento, un agente se interpuso en medio de él y del consejero madrileño y se llevó los golpes, según las mismas fuentes. El policía recibió asistencia sanitaria en el mismo hospital de Móstoles.
El "ladrón" Lasquetty
En su página web, el Espacio Sociocultural Liberado y Autogestionado El Eko de Carabanchel señaló que la detención se ha producido contra su compañero "sin haber cometido delito o falta alguna".
"La protesta consistía en recibir al ladrón de Lasquetty, consejero de Sanidad, en el aniversario del Hospital rey Juan Carlos en Móstoles", explicó. Para ello, se había organizado una cacerolada a la que se han unido profesionales de la sanidad, vecinos y pacientes.
Desde El Eko y la Asamblea Popular de Carabanchel se exigió su inmediata liberación sin cargos, y que los responsables "de tan mezquina acción sean llevados ante la Justicia".
"Las informaciones que tenemos son confusas, pero sabemos que antes de comenzar la acción, los cuerpos de seguridad, represores y cómplices del régimen neoliberal que será juzgado por estás y demás acciones contra la ciudadanía, ha ido a por nuestro compañero, con premeditación y alevosía", puede leeerse en la página web de este colectivo.
Rosa Díez pide a la Defensora del Pueblo que recurra la privatización de la Sanidad en Madrid por vulnerar la Constitución
La portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha enviado una carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la externalización de la asistencia sanitaria que pretende la Comunidad de Madrid en seis hospitales y veintisiete centros de salud, pues considera que abre la puerta a la desigualdad entre los ciudadanos, informa Europa Press.
Según explica, el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid aprobó un plan y envió a la Asamblea un proyecto de ley que cambia el modelo de gestión de una parte importante del sistema sanitario madrileño “sin tener ni publicar ningún estudio del coste que supone ese cambio ni de la viabilidad del mismo”. De hecho, recuerda que no se dio a los diputados madrileños la información necesaria para poder “votar con conocimiento de causa, cercenando así sus derechos como representantes públicos”.
A su juicio, “toda deliberación sólida debe estar fundamentada en una información neutral, objetiva y de calidad, de la que se ha carecido” en este caso. “Sin estos requisitos no hay debate democrático, ni posibilidad de elaborar leyes que cumplan la función de integrar uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: el pluralismo democrático”, sostiene.
Para Rosa Díez, esta falta de información es todavía más grave si se tiene en cuenta que afecta al derecho a la protección de la salud, uno de los “principios rectores de la política social y económica”, y cuando además la ley establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, entre las que se encuentra la asistencia sanitaria
El partido magenta señala en una nota de prensa que la ley de la Comunidad de Madrid permite externalizar la gestión del servicio público de asistencia sanitaria especializada en seis hospitales mediante contratos de partenariado público-privado, así como en 27 veintisiete centros de salud.
En su opinión, este cambio podría “vulnerar directamente los artículos 41 y 43 de la Constitución” porque, de un total de 1.150.000 habitantes, en la región el 20% de la población estaría atendido por un sistema gestionado por empresas privadas y el resto por otro de gestión directa pública. “Este escenario abre la vía a importantes desigualdades entre los ciudadanos atendidos por un sistema y por otro, quebrantándose así el principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución”, avisa.
Como UPyD no tiene suficientes diputados para presentar el recurso de inconstitucionalidad, ya que se requiere un mínimo de 50 firmas, Rosa Díez se ha acogido a la ley que regula las funciones del Defensor del Pueblo (Ley Orgánica 3/1981) que permite a los diputados y senadores dirigirse a esta institución para solicitar su intervención en la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas de las Administraciones públicas que afecten a los ciudadanos.
Cospedal cancela el cierre de las urgencias nocturas de 21 centros de salud
La decisión obedece a distintos pronunciamientos en forma de suspensión cautelar dictados por el Tribunal Superior de Justicia que dió la razón a los 21 pueblos afectados
El Ejecutivo defiende la anterior medida fundamentada "en el escaso uso de estos recursos"
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha derogado la Orden de la Consejería de Sanidad por la que se establecía el cierre de las urgencias nocturnas de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) en la comunidad. Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), los distintos pronunciamientos en forma de suspensión cautelar dictados por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) "hacen prácticamente imposible la consecución de los objetivos de mejora que se pretendían obtener" con la Orden que regulaba el horario de atención de estos 21 PAC, informa Europa Press.
El anuncio de estos cierres provocó la respuesta de los vecinos de los municipios afectados, que protagonizaron encierros y manifestaciones. Y también de alcaldes y ediles, incluidos algunos del PP, que se alzaron contra la decisión del Gobierno autonómico que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal. Lo cierto es que, en algunos casos, la limitación de los horarios de apertura suponía a los habitantes de estos pueblos que se incrementara y hasta se doblara el tiempo que tardaban en llegar a los centros sanitarios si tenían una emergencia entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana.
La entrada en vigor de la Orden, según el DOCM, se produjo el 14 de enero de 2013, y tan solo tres días después, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha adoptó medida cautelarísima de suspensión "sin intervención de la administración autora de la norma". Presentadas alegaciones por parte de la Junta, el TSJCM acogió la petición subsidiaria de levantamiento de medida cautelarísima solicitada y se acordó mantenerla con carácter provisional respecto del primer ayuntamiento demandante, el de Tembleque. En este punto, mediante providencia, se extendió la medida a otros dos ayuntamientos recurrentes que así la habían solicitado, referentes a los PAC de El Pobo de Duenas y Budia (Guadalajara). "La administración, en desacuerdo con tal suspensión progresiva de su disposición, interpuso recurso de reposición, siendo desestimado aunque con el parecer en contra de dos magistrados" de los siete que se pronunciaron.
"Escaso uso"
En su edición de este miércoles, el DOCM indica que "a la vista de la constatación del escaso uso" de estos centros "se obstaculiza el logro de una Sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, racional, efectiva y moderna". En el texto de la Orden derogatoria, el DOCM asevera que la organización territorial y funcional de la prestación de la atención sanitaria de urgencia pretendida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, "agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas mediante la ubicación de un soporte vital con personal sanitario, respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente".
Así, el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma asegura que la elaboración de la Orden citada se basó en el trabajo técnico realizado por los profesionales de atención primaria y de atención especializada, así como de los profesionales de las urgencias y emergencias del Sescam, mediante el estudio de la frecuentación de los centros de urgencias, el estudio epidemiológico de cada zona básica de salud, las zonas existentes entre los diferentes dispositivos de urgencia y emergencia, terrestres y aéreos, y la coordinación de dichos dispositivos.
El DOCM subraya que a la vista de los anteriores acontecimientos "y en aras del cumplimiento que a la administración corresponde del debido ejercicio de sus competencias", considera necesario derogar la Orden que reducía el horario de los PAC, "sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud".
Esta Orden entra en vigor este mismo miércoles, día de su publicación en el DOCM.
Más iniciativas en marcha para frenar la privatización...
Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noti ... e=nacional
Los médicos logran su objetivo: recaudan 183.000 euros para llevar a los tribunales las privatizaciones de Ignacio González
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha logrado su objetivo. Gracias al apoyo de sanitarios y pacientes ha reunido, en apenas mes y medio, 183.000 euros para llevar ante los tribunales la privatización de hospitales y ambulatorios ideada por Ignacio González. Hace unos días el colectivo remitió un informe a la Defensora del Pueblo para que presentase en su nombre un recurso de inconstitucional contra estas medidas.
Según ha informado la AFEM a través de su perfil de Twitter, desde que el pasado 12 de febrero diesen el pistoletazo de salida a la recaudación de fondos para la “defensa jurídica” de la Sanidad pública han recaudado 183.000 euros. Esta cantidad supera en 1.500 euros el objetivo inicial marcado por la asociación para garantizar los primeros pasos en los tribunales contra las externalizaciones.
Los médicos han calificado de “impresionante” el apoyo recibido, que les ha dejado “sin palabras”. Sólo han podido articular un “gracias” que han dedicado a todos aquellos que han colaborado en su iniciativa y que son quienes harán posible emprender la vía legal.
La portavoz de la AFEM, Fátima Brañas, explicaba hace unos días a EL BOLETÍN que habían recibido donaciones “desde los 14 euros” de personas y grupos, y de muchos ciudadanos no sanitarios preocupados e interesados en defender la Sanidad pública, aunque “ninguna espectacular”.
No obstante, y aunque la cantidad recaudada supera el objetivo inicial de la AFEM, Brañas aseguró a este diario que seguirán adelante con la campaña porque no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero será necesario si el proceso se alarga. Por tanto, la cantidad que no utilicen para este fin será donada a “una ONG o asociación que se decidirá en la Asamblea de asociados”.
Hace unos días los médicos remitieron a la Defensora del Pueblo un informe elaborado por el bufete de abogados que han contratado para llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid, López Rodó & Cruz Ferrer, en el que defendían la inconstitucionalidad de las medidas de Ignacio González y pedían a Soledad Becerril que presentase un recurso ante el Alto Tribunal en su nombre.
La noticia sobre la recaudación de la AFEM se conoce pocas horas después de que el PSOE haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra las privatizaciones sanitarias en Madrid.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politi ... _1012.html
El PSOE recurre la privatización para impedir el “apartheid sanitario”
Gómez acude al TC para "paralizar" el "desmantelamiento de la sanidad de Madrid" aprobado por el PP "con su afán de negocio"
El texto se basa en el informe encargado por los médicos especialistas
La suerte de la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid está echada. El Tribunal Constitucional (TC) tiene ya en sus manos la potestad de tumbarla.
El PSOE presentó en la mañana de este miércoles el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud. Fue el propio líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, quien llevó el texto al registro del TC, acompañado de los otros dos senadores madrileños de su partido, Maru Menéndez y Enrique Cascallana; del secretario general del Grupo Socialista en el Senado, José Miguel Camacho; del diputado nacional José Martínez Olmos y el parlamentario autonómico José Manuel Freire.
Gómez subrayó la expresión clave que recorre la impugnación ante el Alto Tribunal: "El apartheid sanitario". Es, sin duda, uno de los pilares del informe encargado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) a un bufete de abogados, estudio que ha servido de base para el recurso de los socialistas. El texto aduce que los ciudadanos que pertenecen al área de influencia de un hospital privatizado quedan en realidad cautivos de ese centro, ya que este tiene incentivos económicos para disputarse a los pacientes. Se crea así una red dual: una pública, adonde acuden los enfermos graves, con tratamientos costosos, y la concesionada, que retiene a los pacientes más leves, con baja ocupación de camas y cuyos cuidados son más baratos. "Hoy acudimos al TC para evitar que en Madrid se produzca lo que quiere hacer el PP con ese afán de negocio. Lo que quieren hacer en Madrid es un apartheid sanitario, que los ciudadanos que sean atendidos en los hospitales que quieren privatizar sean ciudadanos marginados", señaló Gómez a los medios, informa Europa Press.
El propósito del PSM es, por tanto, "paralizar la privatización y el desmantelamiento de la sanidad en Madrid", y defender por descontado "la sanidad universal, pública y gratuita". El secretario general de los socialistas madrileños apuntó que su partido actúa de mero "instrumento" del grupo de facultativos que han elaborado el minucioso informe que sirve de cimentación del recurso, que no podían recurrir al no tener representación en las Cortes. "Se puede y lo vamos a conseguir", animó.
Siete preceptos violados
La impugnación, en efecto, es totalmente tributaria del informe de Afem. De hecho, el PSOE hace suya la argumentación y traslada párrafos textuales del texto de los médicos. El recurso señala, en su parte introductoria, que la ley madrileña esquiva el artículo 88 de la Constitución ya que no prueba ni justifica por qué hay que privatizar seis hospitales y 27 centros de salud. Y obedece alega, a que la "intención perversa que subyace en todo el procedimiento seguido por el legilador", repleto de "brevísimas y apodícticas manifestaciones", es que el "interés de muy pocos" se imponga "al de la mayoría"
El recurso indica que se vulneran un total de siete preceptos constitucionales. El primero al que hace referencia es el artículo 149. 1. 18ª, pues la ley "habilita" al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a proceder a la adjudicación de los centros a las empresas privadas, cuando el Sermas "carece obviamente de competencia". El PSOE cree que también se infringe este concepto al ofrecer "preferentemente" la gestión de los centros de salud a las sociedades de profesionales médicos.
La quiebra de la "igualdad" de los madrileños
Pero la parte medular de la argumentación de los socialistas es la denuncia del incumplimiento de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 14 (igualdad de los españoles), 41 (régimen de la Seguridad Social) y 149. 1. 17ª (competencia exclusiva del Estado en la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social). Aquí es donde más se nota la impronta de Afem, que financió el informe con la donación del sueldo de un día que hicieron varios profesionales.
El PSOE insiste en que la Comunidad legisla a favor de las empresas adjudicatarias y en detrimento de los hospitales de gestión directa pública, preparando el terreno para una "disminución muy notable de los recursos económicos" asignados a estos últimos. En definitiva, argumenta el partido, la privatización de la sanidad "genera un modelo económico dual de aseguramiento de la prestación", el contractual –que vale para las compañías concesionarias– y el presupuestario –el de los centros públicos, que perciben sus recursos vía Presupuestos regionales–, lo que desencadena "desigualdades injustas entre los ciudadanos de una misma comunidad, vulnerando el principio de igualdad".
La Defensora del Pueblo no quiere "entrar" en la vía de gestión
Finalmente, la legislación del Gobierno regional, presidido por Ignacio González (PP), infringe los artículos 43 (protección de la salud) y 149. 1. 16ª (regulación básica estatal de la sanidad pública) de la Constitución. Los razonamientos apuntalan la idea de la desigualdad entre madrileños, la consagración, en definitva, del "apartheid sanitario".
El estudio de Afem también ha llegado ya al despacho de la Defensora del Pueblo, pero esta no parece apoyar su toma en consideración. Soledad Becerril, preguntada el pasado 22 de marzo en un desayuno informativo, aseguró que la institución que dirige "no debe entrar" en la manera de gestionar la sanidad –porque es "competencia de los gobiernos"– y sí en las quejas que pacientes y facultativos puedan presentar sobre el servicio.
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politi ... _1012.html
Un exconsejero de Sanidad de Madrid es ahora directivo del hospital que adjudicó
Manuel Lamela forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, compañía que gestiona los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por una concesión de 270 millones de euros
Él mismo inauguró este centro, uno de los seis que el Ejecutivo madrileño pretende privatizar totalmente en los próximos meses.
El exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela es miembro del Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, compañía que gestiona los servicios privatizados del hospital de Aranjuez con una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros otorgada en 2007, cuando el expolítico del PP estaba al frente del departamento de Sanidad, según informa la cadena SER. El hospital del Tajo, todavía es uno de los seis centros que el Ejecutivo madrileño pretende privatizar totalmente en los próximos meses. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.
El de Lamela es un nuevo caso de puerta giratoria entre lo público y lo privada similar al del también exconsejero madrileño Juan José Güemes, que dimitió de su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se publicara que era consejero de esta compañía, que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos de Madrid, un servicio privatizado por el propio Güemes cuando era consejero de Sanidad.
Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articul ... rnac_3/Tes
La empresa de la que es consejero Manuel Lamela gestiona el hospital que él adjudicó en su etapa al frente de la sanidad madrileña
El exconsejero madrileño de Sanidad forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros
El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El hospital del Tajo, todavía semi-público, es uno de los seis hospitales madrileños que la Comunidad pretende privatizar completamente en los próximos meses.
"Sabemos que el dinero de los contribuyentes como mejor se usa es invirtiéndolo en sanidad", dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del hospital del Tajo (Aranjuez) el 7 de abril de 2007. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Él mismo había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El hospital del Tajo, con 120 camas y que presta servicio a un área de uno 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza semipública, construidos por la Comunidad (médicos y camas públicas y el resto de servicios privados). Un símbolo del entonces nuevo modelo sanitario de Aguirre.
La concesionaria fue un consorcio liderado por la constructora madrileña Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por el consejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, restauración, transporte, parking, etc...) a cambio de un canon anual de 9 millones de euros durante los próximos treinta años. Una suma total de 270 millones.
El hospital de Aranjuez comenzó a prestar servicio en el año 2008. Algo más tarde, en Abril de 2010 Alfonso García Pozuelo propietario de Constructora Hispánica, imputado por pago de comisiones en la trama Gürtel, se vio empujado a vender el 100% de su empresa para hacer frente a los pagos con Hacienda. El comprador fue el grupo Essentium que de este modo se hizo con el contrato de gestión del hospital del Tajo. Eso sí, Essentium cambió la denominación comercial de Hispánica por "Assignia Infraestructuras" que es quien desde entonces quien junto a sus socios gestiona el hospital madrileño del Tajo y factura por ello a la Comunidad de Madrid.
Essentium, especializada en obra civil, decide entonces incorporar a un gestor sanitario para su recién creada división hospitalaria. El elegido fue Manuel Lamela Fernández. El mismo que había planificado la puesta en marcha de los hospitales público-privados en la comunidad siendo Consejero de Sanidad. El mismo que inauguró el hospital del Tajo y el mismo que licitó y adjudicó el contrato de 270 millones de euros del que ahora se beneficiará la empresa para la que trabaja. Su nombramiento como miembro del consejo de administración de "Assignia Infraestructuras" se inscribió en el registro mercantil sólo seis meses después de la compra de Hispánica.
La presidenta de Assignia Susana Monje, en conversación con la Cadena SER, ha asegurado que Manuel Lamela es un profesional de reconocido prestigio, con un profundo conocimiento del mundo sanitario y que asesora a la compañía principalmente en materia internacional. "Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid" afirma Monje que insiste en que no existe incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008.
Bien posicionada para nuevos contratos
El hospital de Aranjuez que gestiona Assignia es todavía semipúblico pero la comunidad lo privatizará completamente junto a otros cinco hospitales madrileños en los próximos meses. Assignia asegura que no tiene intención en entrar a competir en la prestación de servicios médicos ya que carece de experiencia en el sector, no obstante, la gestión del hospital del Tajo la convierte en candidata para las licitaciones de los servicios no asistenciales.
Bien posicionada para nuevos contratos
El hospital de Aranjuez que gestiona Assignia es todavía semipúblico pero la comunidad lo privatizará completamente junto a otros cinco hospitales madrileños en los próximos meses. Assignia asegura que no tiene intención en entrar a competir en la prestación de servicios médicos ya que carece de experiencia en el sector, no obstante, la gestión del hospital del Tajo la convierte en candidata para las licitaciones de los servicios no asistenciales.
El pasado 5 de Marzo además de anunciar la próxima salida de los pliegos para privatizar la gestión de los hospitales, el actual consejero de Sanidad Javier Fernandez-Lasquetty aseguró que "en pocas semanas" se iniciaría la externalización de los servicios no sanitarios de los hospitales tradicionales. Según la Consejería, el proceso empezará por las cocinas. Pero esto solo será el principio.
Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articul ... rnac_3/Tes
La empresa de la que es consejero Manuel Lamela gestiona el hospital que él adjudicó en su etapa al frente de la sanidad madrileña
El exconsejero madrileño de Sanidad forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros
El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El hospital del Tajo, todavía semi-público, es uno de los seis hospitales madrileños que la Comunidad pretende privatizar completamente en los próximos meses.
"Sabemos que el dinero de los contribuyentes como mejor se usa es invirtiéndolo en sanidad", dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del hospital del Tajo (Aranjuez) el 7 de abril de 2007. La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Él mismo había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El hospital del Tajo, con 120 camas y que presta servicio a un área de uno 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza semipública, construidos por la Comunidad (médicos y camas públicas y el resto de servicios privados). Un símbolo del entonces nuevo modelo sanitario de Aguirre.
La concesionaria fue un consorcio liderado por la constructora madrileña Hispánica en colaboración con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez. El contrato, firmado por el consejero Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, restauración, transporte, parking, etc...) a cambio de un canon anual de 9 millones de euros durante los próximos treinta años. Una suma total de 270 millones.
El hospital de Aranjuez comenzó a prestar servicio en el año 2008. Algo más tarde, en Abril de 2010 Alfonso García Pozuelo propietario de Constructora Hispánica, imputado por pago de comisiones en la trama Gürtel, se vio empujado a vender el 100% de su empresa para hacer frente a los pagos con Hacienda. El comprador fue el grupo Essentium que de este modo se hizo con el contrato de gestión del hospital del Tajo. Eso sí, Essentium cambió la denominación comercial de Hispánica por "Assignia Infraestructuras" que es quien desde entonces quien junto a sus socios gestiona el hospital madrileño del Tajo y factura por ello a la Comunidad de Madrid.
Essentium, especializada en obra civil, decide entonces incorporar a un gestor sanitario para su recién creada división hospitalaria. El elegido fue Manuel Lamela Fernández. El mismo que había planificado la puesta en marcha de los hospitales público-privados en la comunidad siendo Consejero de Sanidad. El mismo que inauguró el hospital del Tajo y el mismo que licitó y adjudicó el contrato de 270 millones de euros del que ahora se beneficiará la empresa para la que trabaja. Su nombramiento como miembro del consejo de administración de "Assignia Infraestructuras" se inscribió en el registro mercantil sólo seis meses después de la compra de Hispánica.
La presidenta de Assignia Susana Monje, en conversación con la Cadena SER, ha asegurado que Manuel Lamela es un profesional de reconocido prestigio, con un profundo conocimiento del mundo sanitario y que asesora a la compañía principalmente en materia internacional. "Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid" afirma Monje que insiste en que no existe incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008.
Bien posicionada para nuevos contratos
El hospital de Aranjuez que gestiona Assignia es todavía semipúblico pero la comunidad lo privatizará completamente junto a otros cinco hospitales madrileños en los próximos meses. Assignia asegura que no tiene intención en entrar a competir en la prestación de servicios médicos ya que carece de experiencia en el sector, no obstante, la gestión del hospital del Tajo la convierte en candidata para las licitaciones de los servicios no asistenciales.
El pasado 5 de Marzo además de anunciar la próxima salida de los pliegos para privatizar la gestión de los hospitales, el actual consejero de Sanidad Javier Fernandez-Lasquetty aseguró que "en pocas semanas" se iniciaría la externalización de los servicios no sanitarios de los hospitales tradicionales. Según la Consejería, el proceso empezará por las cocinas. Pero esto solo será el principio.
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid trabaja para la empresa Madrid Medical Destination, dedicada al turismo sanitario de primer nivel. Solo dos años después de dejar sus cargos en el Gobierno de Aguirre constituyó otra empresa, Madrid Ciudad de la Salud, con el objetivo de crear un macrocomplejo sanitario en Madrid para atraer a la sanidad privada extranjeros con recursos.
Lamela y el lucrativo negocio del turismo sanitario
La información aportada ese martes por la Cadena Ser ha sido confirmada por la empresa Assignia Infraestructuras. Desde la primavera de 2010, Manuel Lamela figura como asesor de dicha compañía responsable de la gestión externalizada del Hospital del Tajo en Aranjuez, que él mismo adjudicó a una empresa privada según el modelo PFI (iniciativa de financiación privada).
El contrato se realizó mediante concesión para la construcción y explotación del hospital por un periodo de 30 años y cuenta con un presupuesto de 217 millones de euros a través de un canon anual que incluirá la amortización de la construcción, el mantenimiento y los servicios no médicos.
En declaraciones a la agencia Europa Press, una portavoz de Assignia argumenta que el periodo de tiempo de cinco años que ha transcurrido entre la adjudicación del Hospital del Tajo en 2005 a Hispánica y el nombramiento de Lamela como consejero en 2010 no viola la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos. Lamela ocupó este cargo tres años después de abandonar la Consejería de Sanidad, en 2007, y dos años después de ejercer de máximo responsable de Transportes, en 2008.
El interés del exconsejero en el negocio de la sanidad madrileña tiene aún más recorrido. Tal y como informó nuevatribuna.es el pasado mes de enero (coincidiendo con la dimisión del que le sucedió en el cargo Juan José Güemes) Lamela figura como máximo responsable de Madrid Medical Destination MMD dedicada al turismo sanitario de primer nivel, un cargo por el que se embolsa 1,8 millones de euros.
El negocio del turismo sanitario centra la actividad de Lamela. En 2010 creó la sociedad anónima Madrid Ciudad de la Salud, con el objetivo de construir un macrocomplejo sanitario para atraer a extranjeros con recursos, compuesto por los principales hospitales privados de Madrid y auspiciado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
LA ADSP LO TACHA DE “ESCÁNDALO”
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid “se trata de otro caso escandaloso de utilización de las privatizaciones, o como ellos lo llaman de las ‘colaboraciones público-privadas’, para favorecer a costa de los fondos públicos a los negocios personales y privados de quienes las deciden. Estamos ya ante el segundo exconsejero de Sanidad de Madrid que se beneficia personalmente del modelo de privatizaciones que ha impulsado, mucho nos tememos que no será el último”.
La ADSP recuerda que Lamela, antes de ser consejero de Sanidad de Madrid, carecía de experiencia y conocimientos en el área sanitaria, y que su mayor y su más “desastrosa contribución a la sanidad madrileña fue el escándalo de Leganés, todo un montaje para desprestigiar la sanidad pública facilitando su privatización”, afirman en referencia al caso de las supuestas sedaciones irregulares contra el doctor Luis Montes.
Rajoy encarga a Ana Mato que desmonte la ‘marea blanca’ dividiendo a los médicos
La delicada situación del Gobierno al tratar de cambiar el modelo sanitario con todos los profesionales en contra se ha convertido en un problema tal que, desde el Ejecutivo, se ha encargado a la ministra Ana Mato que trate de desmontar la denominada ‘marea blanca’. ¿Cómo? : Con reuniones frecuentes en las que intenta dividir a este colectivo y hacer ver a los médicos que su opinión importa. Sin embargo, los profesionales han endurecido su discurso y, a través de los colegios de médicos y de enfermería, han avisado hoy al PP de que el sector sanitario “tiene mucho poder y está bien organizado”.
Mariano Rajoy es consciente de que 500.000 médicos y enfermeros que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS) “pueden pasar factura en la urnas”, como le ha advertido hoy del presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, por lo que ha encargado a la ministra que desactive las movilizaciones. Para ello, Ana Mato se reúne con importantes facultativos en hospitales públicos y les pregunta por sus opiniones sobre fórmulas de ahorro, lo que algunos médicos han calificado a elboletin.com de “paripé”.
En la misma línea de ‘conciliación’ marcada desde el Gobierno central se enmarcaría la ‘mano tendida’ del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, tras el varapalo judicial que recibió María Dolores de Cospedal en relación a sus recortes en la atención sanitaria rural.
Cospedal no ha tenido más remedio que dar marcha atrás y derogar su plan de cierre de las urgencias nocturnas después de que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia regional dieran la razón de forma cautelar a los ayuntamientos afectados. De ahí que Echániz asegurara este lunes en Ciudad Real que cuenta “con la colaboración de los médicos de esta provincia y de todo Castilla-La Mancha en el camino de transformación y modernización de la sanidad”.
Pero ni los encuentros periódicos de la ministra en la que trata de de convencer a los profesionales de que su opinión importa, ni la marcha atrás de María Dolores de Cospedal han impedido que esta mañana que los médicos advirtieran al Gobierno que no van a permitir que “se desmantele” el sistema nacional de salud.
85 Medidas contra la privatización
Para evitar la privatización, los consejos generales de colegios de médicos y personal de Enfermería de toda España, que en total representan a cerca de 500.000 profesionales sanitarios, han presentado un conjunto de 85 medidas consensuadas para garantizar la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) e impedir que el modelo español se vaya "al garete".
Las propuestas están recogidas en el documento “La alternativa de los médicos y enfermeros para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa, y son el resultado de un macroestudio en el que han participado 80 expertos, 4.508 médicos, 2.724 enfermeros y 2.000 ciudadanos, tal y como informa Europa Press.
Las medidas más prioritarias, según médicos y enfermeros, son las destinadas a dotar de más gobernanza y menos politización a la sanidad pública, dando una mayor capacidad de decisión a los propios profesionales.
Para ello, entre las principales iniciativas está la creación a través de una Ley Orgánica de una Agencia estatal de alta inspección para todo el SNS, con capacidad ejecutiva y con un órgano de Gobierno "a modo de consejo de administración" formado por poderes políticos, profesionales y pacientes.
Además, proponen mecanismos de gobierno más participativos, "empezando por la propia gerencia de los centros, donde los profesionales tengan la responsabilidad de decidir como aplican los recursos que tienen". "Porque esto ahora está en las mismas manos de los que pretenden privatizar", afirmó el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín.
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, explicó que dichas propuestas van a ser presentadas en los próximos días al Ministerio de Sanidad y las comunidades, a los partidos políticos y a la sociedad, confiando en que “no caigan en saco roto” y advirtió que si no son tenidos en cuenta, podrían barajar otras formas de llevar a la práctica sus propuestas, como la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.
El representante del Consejo de Enfermería recordó que afortunadamente en un sistema democrático las urnas son las que pasan factura" y también ha insistido en ello Rodríguez Sendín, quien avisa de que el sector sanitario “tiene mucho poder y está bien organizado”.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/manu ... 90632.html
Quienes ganan y quienes pierden con la privatización sanitaria
La Sanidad española esta inmersa en un duro proceso de recortes y privatizaciones impulsados por los gobiernos neoliberales a nivel central y en las CCAA. Conviene hacer algunas reflexiones sobre cuales son los intereses en presencia y quienes salen ganando en la privatización y quienes van a ser los perdedores en este proceso.
Ganan
Los principales beneficiarios de esta política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las entidades de capital riesgo como CAPIO Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales como HM hospitales, que se están apoderando con gran parte de los hospitales de numerosas CCAA. Aseguradoras sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras como PWC que están suplantando a la administración en las funciones de Planificación Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.), lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses (puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la crisis del ladrillo que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus negocios utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias (financiadoras de las PFI), que se benefician de los contratos millonarios a pagar por las administraciones públicas.
Pierden
Los ciudadanos en general que han sufrido recortes en sus derechos sanitarios, que deben pagar más por la una asistencia sanitaria que antes se financiaba con impuestos (manera más justa y progresiva socialmente), y que deberán contratar seguros privados para complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales. Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que han perdido salarios, derechos laborales, estabilidad en el empleo y puestos de trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su profesión, conocimientos y habilidades y muchos de ellos se verán obligados a emigrar a otros países para poder trabajar, pese al enorme esfuerzo que el sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas perdidas serán mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector. Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios sanitarios y socio-sanitarios reduce los puestos de trabajo que estimularán la economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios para mantener la fuerza de trabajo que se asocian a mejores niveles de desarrollo económico y social.
La contradicción de intereses entre ganadores y perdedores de esta política, de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública, marca con claridad que hacer. Aunque es verdad que la privatización está apoyada y respalda por grupos de presión muy poderosos, los afectados por la misma son la mayoría de la población. Solo una gran alianza estratégica entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios puede paralizar ese proceso, que sólo beneficiará a una minoría, eso sí muy poderosa e influyente.
¿Cómo se gesta y a quién beneficia la privatización de la sanidad?
Ángeles Maestro
Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja
Mucha gente piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un tratamiento adecuado de las causas, porque al igual que en una enfermedad, si tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se agrava.
Las privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se inicia en la década de los setenta. Las políticas neoliberales forman parte de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia: drástica reducción de la fiscalidad de las rentas del capital, instauración de políticas de reducción del déficit —con la correspondiente disminución de presupuestos sociales—, liquidación de derechos laborales y sociales y privatizaciones.
Son políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político, en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.
El primer asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y prácticamente en régimen de monopolio, sino porque en la medida en que producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes, comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada. En el Estado español este proceso lo inicia el PSOE a mediados de los ochenta coincidiendo con la entrada en la CEE y es continuado por los gobiernos del PP.
El segundo asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un porcentaje considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya con el gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que participaron aseguradoras privadas, industria farmacéutica, representantes de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática, despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene su trabajo asegurado, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.
En el año 1991 se pretendió dar un salto cualitativo. El Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe para la Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud. El PSOE, gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del Banco Central Hispano. El Informe era todo una guía para la preparación de la sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La presentación pública del Informe fue abortada porque como diputada, entonces, de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas, convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero sus propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió a la privatización —“externalización”— de servicios hospitalarios tales como limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su trascendencia la privatización de los servicios de limpieza, casi todos subcontratados por constructoras, y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario[1].
En el año 1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Al día siguiente de su votación, CC OO emitió un comunicado congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la modernización del SNS”.
La empresa privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP, del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientela públicas y beneficio privado.
Las empresas constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR, Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras privadas como Sanitas o Adeslas. CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners, grupo de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de la sanidad pública
La vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente. Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes, que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas, empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud, empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.
Pero el fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona le Hospital de Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de la industria farmacéutica.
El robo de la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los gobiernos, no es solo un expolio de recursos públicos, es además un crimen. El negocio en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además de incrementando el coste.
La explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este artículo. Enumero algunos de ellos:
Disminución de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
Selección de pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
Sobreindicación de intervenciones quirúrgicas rentables.
Priorización de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
Presión sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos, para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La ejecución de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto. Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento de objetivos de disminución del gasto.
La realidad es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable, refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.Dejo para la reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.
Es preciso, a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los planes de privatización, Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe con tres grandes objetivos: Ni una privatización más, Derogación de la Ley 15/97 y devolución a manos públicas todo lo privatizado.
El PP acepta 'abrir el debate' del copago en más servicios sanitarios
El hombre que dirige la política sanitaria en el PP, José Ignacio Echániz, se ha mostrado a favor de "abrir el debate" sobre la conveniencia de ampliar el copago a otros servicios sanitarios tras el éxito que, a su juicio, ha logrado el copago de medicamentos. Madrid ya ha activado el plan para conseguir que no haya funcionarios en la sanidad autonómica.
"¿Se puede extrapolar al resto de los servicios sanitarios? Es la gran pregunta y en España esto es un debate político brutal (...) Me ofrezco a que este debate se pueda abrir, y todos lleguemos a acuerdos", ha reconocido el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP durante su participación en el Ciclo de Conferencias sobre la Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), organizado por el Grupo Previsión Sanitaria Nacional (PSN) y la Fundación Ad Qualitatem.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha reiterado en numerosas ocasiones que su reforma sanitaria puesta en marcha hace un año ha permitido garantizar la sostenibilidad del sistema sin tener que implantar un copago asistencial.
Dicha reforma, entre otras medidas, sí introducía un nuevo sistema de copago según renta que, para el también consejero de Salud de Castilla-La Mancha, ha ofrecido en menos de un año unos resultados "extraordinarios", ya que en su comunidad han logrado ahorrar "dos meses de su presupuesto". "Hemos racionalizado el consumo y la gente está muy contenta", ha dicho.
Sin embargo, ha avanzado que en el futuro "habrá innovaciones que igual no nos podemos permitir con un presupuesto como el actual", y será entonces cuando "la sociedad española deberá decidir si se ponen más recursos, aumentando impuestos o mediante el copago, o se limitan las prestaciones".
En este sentido, Echániz se ha mostrado partidario de analizar la ampliación del copago a otros servicios sanitarios, pero "desde la verdad, el sentido común y los datos, y no desde la pasión política del yo me opongo a esto y hago una manifestación porque estoy en contra conceptualmente".
Pagar 'por incentivos'
"A las cosas en la vida no hay que decirles que no por naturaleza. Hay que verlas, ver por qué Alemania, Francia u otros países lo están haciendo, si merece o no la pena, cómo puede afectar en términos de salud y accesibilidad, siempre dejando a la población menos fuerte económicamente fuera del sistema. Depende de si se hace bien o se hace mal", ha añadido.
Además, en su intervención el dirigente 'popular' se ha mostrado a favor de incorporar "sin tabúes" a la sanidad pública aquellos aspectos de la sanidad privada que han demostrado que pueden hacer el sistema más eficiente, como un sistema retributivo "por incentivos"
"Estandarizar la retribución no parece justo", ha destacado Echániz, que se ha mostrado a favor de la colaboración público-privada porque, entre otras cuestiones, "permite colocar los incentivos de forma más eficiente".
Por otro lado, el consejero de Salud castellano-manchego ha insistido en la necesidad de que la gestión clínica vaya acompañada de una "alta especialización".
"Necesitamos expertos en gestión clínica. La sanidad debe estar gestionada por técnicos, no estar en manos de personas inexpertas. Zapatero a tus zapatos", ha destacado, apuntando no obstante que lo más apropiado es que al frente de esta gestión haya profesionales sanitarios. "Pero con un posgrado en gestión sanitaria y con experiencia previa en este ámbito, en el que hacen falta algunos conocimientos específicos", ha concluido.
She is on my mind
DM1 desde 2004
ISCI Medtronic Minimed
Fuente:
http://periodismohumano.com/economia/as ... ancha.html
“¿Así es como se reduce el déficit en Castilla La Mancha?”
María Dolores de Cospedal anunció la reducción del déficit del 7.7% de 2011 al 1.5% en 2012 “sin dejar ninguna factura en el cajón” pero a la Asociación Pro- Capacidad de La Solana se le deben 20 meses de unas subvenciones ya firmadas.
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha les adeuda 1.134.823 euros. Debido al retraso no pueden hacer frente al pago de la Seguridad Social y de Hacienda, por lo que han embargado sus cuentas y los vehículos que utilizaban para desplazar a los usuarios. Mientras, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz Salgado, permanece en absoluto silencio.
Los 31 profesionales que trabajan en la Asociación asumen su quinto mes sin cobrar.
Cuando Ángela llegó al centro tenía 19 años y muchas batallas libradas a su espalda. Recuerda bien el día en el que se armó de valor, aprovechó que no había nadie en casa y se escapó a la oficina de los servicios sociales de su localidad. Vitoria, la asistente social, conocía su caso y no perdió un segundo cuando Ángela le dijo: “búsqueme un sitio tranquilo para vivir”.
En la Castilla La Mancha de la transición muchas familias escondían a sus familiares con discapacidad por “vergüenza” o los ocupaban en labores agrícolas sin darles la oportunidad de plantearse qué querían hacer, condenándolos por tanto a un futuro dependiente. En 1983 “unos grandes locos” creían que era posible mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias y crearon la Asociación Comarcal Pro- Capacidad. Ante la falta de instalaciones para poder desarrollar sus actividades rehabilitaron un antiguo colegio y a base de esfuerzo y compromiso lograron dar forma a un centro de integración socio-laboral en el que la artesanía fue y continúa siendo el principal eje de acción. En este momento 60 usuarios trabajan en los distintos talleres del centro, reciben formación y tienen la satisfacción de crear cosas por sí mismos recibiendo remuneración por ello.
El proyecto fue ramificándose a medida que se detectaban nuevas necesidades. Así nació en 1999 el Centro Especial de Empleo que da trabajo a 10 personas, el Centro de Día para personas con discapacidad gravemente afectadas, en el que se atiende a 13 personas y posteriormente, en 2001, tres viviendas con apoyo donde residen 15 personas.
Las viviendas nacieron para dar cobertura a personas con distintos grados de discapacidad mental con situaciones familiares muy difíciles. Se diferencian por el nivel de autonomía de sus residentes aunque todos lavan su ropa, cocinan, se encargan de las tareas de limpieza y del hogar. Algunos trabajan gracias al Centro Especial de Empleo y los que no lo hacen acuden cada mañana a los talleres del Centro Ocupacional.
Ángela fue una de las primeras en llegar a las viviendas tuteladas. En ese momento no podía permitirse imaginar un futuro mejor pero ahora, diecisiete años más tarde, todo ha cambiado. Vive en la vivienda de autónomos con Joaquín, Rosa y Fernanda y tiene un trabajo como limpiadora. No entiende de déficit público, de prima de riesgo o de rescates bancarios pero al preguntarle qué significa para ella la crisis no se toma mucho tiempo en contestar: “una pesadilla”. Y es que desde 2009 y principalmente con la política de recortes del actual gobierno regional el presente de Ángela y el de todos sus compañeros se tambalea.
El Centro dispone de una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 720.000 euros anuales pero los pagos llevan un retraso de 20 meses y la situación es desesperante. “ ¡No podemos seguir así! Se nos debe medio convenio de 2011 y el convenio entero de 2012. Esto asciende a un total de 1.134.823 €. No hemos recibido ninguna noticia a excepción de los embargos de nuestras cuentas por no poder pagar la Seguridad Social y a Hacienda. Nos han embargado los vehículos…, y yo me pregunto: ¿Qué estamos haciendo mal?” y lo cierto es que ni la consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, ni la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha responde a Patro Rodríguez, trabajadora de la Asociación.
La administración regional contesta a lo “vuelva usted mañana” cada una de las llamadas y las cartas emitidas por los familiares, usuarios y profesionales que trabajan en la asociación y la incertidumbre es para ellos un feroz enemigo.”Si nos advirtiesen de la fecha de un posible pago de la deuda podríamos hacer previsiones, porque hasta los aplazamientos a la Seguridad Social y a Hacienda necesitan fechas”, indica Paqui Rivera y recuerda que los profesionales que trabajan en el centro asumen su quinto mes sin cobrar su sueldo, una situación que se ha repetido varias veces en los últimos dos años.
Hace pocos días la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, defendía orgullosa la reducción del déficit público de la región del 7.7% de 2011 al 1.5% de 2012 “realizada a través de una contabilidad rigurosa y sin dejar ninguna factura en el cajón”. Pero teniendo en cuenta que la Asociación Comarcal Pro-Capacidad lleva 20 meses sin recibir el pago de unas subvenciones ya firmadas su directora se pregunta si es ésta la forma de reducir el déficit de Castilla La Mancha.
Isabel es una de las 31 profesionales que trabaja en el centro, en sus cuatro años como educadora ha visto la evolución de muchos de los chicos, todos han logrado objetivos que jamás se habían imaginado que podrían conseguir y en eso los trabajadores como ella tienen mucho que ver.Considera que el cierre del Centro Ocupacional y de las viviendas destruiría todo lo logrado en años porque “No existen en la región muchos centros como éste que fomente una vida autónoma y los chicos no tienen el perfil de una residencia de discapacitados donde el planteamiento es asistencialista”.
A sus cincuenta y cuatro años Fernanda reconoce que su vida anterior a las viviendas fue como “una película de miedo”, suicidios, asesinatos y enfermedades graves fueron destruyendo poco a poco todo en lo que creía. A pesar de ello Fernanda desprende alegría y vitalidad pero es tajante al referirse al posible cierre del centro “estas casas son nuestra vida, somos una familia. Si cerrasen esto ¿dónde iban a ir Asun, Pruden o Manolo? Mi mundo es la vivienda y el centro. Aquí tengo un trabajo como limpiadora y tengo una vida que me gusta”.
Desde que la Junta no cumple con los pagos familias, usuarios y profesionales han organizado ventas ambulantes de catalanas en partidos de fútbol, han diseñado cuadernos que después venden, a bajo precio porque la crisis afecta a todos los bolsillos, venden lotería, hacen rifas, teatros, bailes… Convocaron una manifestación en Toledo, frente a la Consejería Sanidad y Asuntos Sociales para que el consejero, José Ignacio Echániz Salgado, les atendiese y conociese de primera mano su caso pero se encontraron con puertas cerradas y policías que les invitaban a marcharse. “En la Junta hay muchas personas que no tienen vergüenza porque no dan la cara. No somos delincuentes, veníamos a reclamar lo que es nuestro”, recuerda Ángela.
Han iniciado una petición a través de la plataforma change.org para pedir flexibilidad a Hacienda y a la Seguridad Social con las oenegés que no pueden asumir sus pagos por las deudas pendientes de las administraciones públicas. Los empresarios locales les apoyan y organizan eventos cuyos beneficios van dirigidos a la asociación. Cualquier acción es válida para conseguir recaudar el dinero que consiga que las puertas del centro continúen abiertas pero lamentablemente todos estos esfuerzos serán en balde si la administración no efectúa el pago de las subvenciones concedidas.
La historia de cada uno de los 75 chicos es muy distinta de base pero muy parecida a día de hoy. Ninguno de ellos imagina su vida en otro lugar, son unos supervivientes natos y están dispuestos a luchar por mantener lo que les ha costado muchos años conseguir. Fernanda, Rosa, Ángela, Joaquín, Pruden, Luis, David, Asun, Pepe, Manolo, Puri, María, Pilar y 62 personas más con nombres y apellidos son un ejemplo de valentía e integridad.
Iniciativas vecinales para frenar las privatizaciones...
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politi ... _1012.html
Las asociaciones de vecinos luchan en Vallecas por la sanidad pública
Asociaciones de vecinos del barrio de Vallecas protestaron este lunes para reclamar que la Comunidad de Madrid retroceda en su plan para privatizar la gestión del centro de salud Federica Montseny. Pese a que los organizadores esperaban que las protestas se extendieran a lo largo de la noche con un encierro en ese centro, han decido finalmente abandonar debido a que no querían incidentes con las personas de seguridad del centro.
La convocatoria había sido organizada por cuatro asociaciones vecinales que temen que los servicios de especialización del ambulatorio Federica Montseny sean incluidos en el plan de privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. Concretamente, desde la Comunidad pretenden meter “en el mismo lote” a este centro junto con otro que está cercano –Vicente Soldevilla– en la privatización del Hospital Infanta Leonor, han indicado los convocantes. Esto supone que unas 350.000 personas pasarán a ser atendidas por personas de la empresa privada.
“Convocamos este tipo de protestas porque es necesario luchar por la sanidad pública. Estos servicios están pagados por las cuotas de los trabajadores y por ello debemos seguir preservándolos”, ha afirmado Juan Antonio Carnés, representante de la Asociación Alto del Arenal de Vallecas, quién rechaza de pleno la idea de una privatización, sea parcial o total. “La sanidad privada no puede funcionar porque la empresa que entre va a querer ganar dinero y va a recortar en empleados, en medicinas y en todos los servicios médicos”, ha indicado Carnés.
Ángeles Maestro, técnica superior de salud pública de la Consejería de Sanidad, ha destacado que la ciudadanía debe apoyar este tipo de causas porque “se juega la vida”. La sanitaria pone como ejemplo las clínicas de partos, donde el 97% de los embarazos son “normales”. “Evidentemente, en este sentido la sanidad pública es deficitaria pero cuando una clínica privada recibe un caso difícil que corresponde a ese 3% lo deriva a los centros públicos”, ha recalcado.
Maestro cree que la privatización supondría una fuerte medida de presión para los médicos con el fin de reducir el gasto. “Con la gestión privada se incentivaría al personal médico para que diese altas precoces, para que no solicite tratamientos caros y que no derivase los casos al especialista”. El problema se agravaría, a su juicio, porque muchos empledos del sector tienen un empleo precario y está dispuestos a aceptar este tipo de conductas.
La protesta, convocada por las asociaciones Alto del Arenal y La Unión de Vallecas, la coordinadora CASmadrid y la plataforma Matusalen, concluirá con una concentración este martes a las 19.00 horas frente al centro de salud Federica Montseny, en la avenida de la Albufera.
Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noti ... e=nacional
Los sanitarios harán un 'referéndum' en mayo sobre las privatizaciones de Ignacio González
Los profesionales de la Sanidad pública siguen adelante con su lucha contra las privatizaciones anunciadas por el Gobierno de Ignacio González. Tras meses de protestas y manifestaciones, y con las externalizaciones de hospitales y ambulatorios cada vez más cerca, han decidido hacer un referéndum para preguntar a la ciudadanía qué opinan de esta medida. La consulta popular se llevará a cabo en los centros sanitarios de toda la región entre el 5 y el 10 de mayo.
El objetivo de esta nueva iniciativa contra el PP es, tal y como se indica en la web consultaporlasanidad.org, que “sea la población quien decida, ya que dichas privatizaciones no estaban en el programa electoral” presentado por el partido a las últimos comicios autonómicos, que tuvieron lugar en mayo de 2011, “lo cual es un fraude a la democracia”.
La idea de los profesionales de la sanidad es “poner entre 500 y 2.000 mesas de votación”. Para ello piden la colaboración de los madrileños, ya que se requieren “de 5 a 10 activistas por mesa” para que por cada una de ellas, en un día de votación, se logren unos 1.000 votos aproximadamente.
El plazo para inscribir las mesas de votación estará abierto hasta el 15 de abril, un proceso en el que los sanitarios invitan a participar a “todas las personas y organizaciones que quieran apoyar” esta lucha en defensa de la Sanidad pública. Hospitales como La Princesa, Clínico, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, del Henares, Tajo, Infanta Leonor o Puerta de Hierro ya han confirmado sus mesas. También lo ha hecho el 15M, que instalará puntos de recogida de votos en la Plaza de Santa Ana y en la Plaza Dalí.
La idea de este colectivo es “continuar y mejorar la experiencia de democracia participativa, seguir el modelo de la Consulta Ciudadana contra la privatización del Canal de Isabel II, que fue todo un éxito”.
En aquella ocasión, “en la Comunidad de Madrid se pusieron un total de 305 mesas, que lograron unos 187.000 votos, con unos 2.500 voluntarios participando. No sólo valoramos el resultado, sino la difusión, la participación y la implicación ciudadana. El porcentaje fue tan claro (99% en contra) que los planes de privatización se echaron atrás”. Y ahora quieren repetir esa misma experiencia para frenar los planes de Ignacio González para la Sanidad.
España da la peor atención europea a los ‘sin papeles’, según Médicos del Mundo
España ha pasado de ser un país modélico en atención sanitaria universal a concentrar las peores prácticas en atención a los inmigrantes indocumentados. Médicos del Mundo ha lanzado un duro diagnóstico sobre el acceso a la sanidad pública de los más desfavorecidos en la Unión Europea. Los expertos de la ONG destacan el caso de España, que se ha convertido en “el peor ejemplo”, en palabras del presidente de la organización en Bélgica, Michel Degueldre.
El decreto del Gobierno que impide el acceso a las consultas ordinarias para los extranjeros sin papeles –salvo niños y mujeres embarazadas- marca los resultados de un estudio que Médicos del Mundo ha realizado en siete países comunitarios en 2012 y que se ha presentado este martes en Bruselas. El 97% de los pacientes recibidos en las consultas de esta organización en España carecían de acceso al sistema público. Además, un 62% habían acudido previamente a un centro público y se les había negado el acceso, muy por encima de la media del 20% que se obtiene al tener en cuenta los siete países (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Holanda y Reino Unido, además de España).
“El aumento del copago en los medicamentos y la exclusión de los inmigrantes están provocando un cambio de modelo en España, de la atención sanitaria universal a un modelo de aseguramiento”, ha explicado Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo España. Este experto explica que la situación varía mucho entre comunidades autónomas, pues algunas aplican el decreto a rajatabla y otras lo están eludiendo. A pesar de que la norma sigue permitiendo el acceso de embarazadas y niños a las consultas, la ONG se encuentra con casos en los que también a esos colectivos se les cierran las puertas.
Hace tres años, los griegos eran un 8% de los atendidos por la ONG en el país. Ahora, el 50%
Más allá de las razones éticas que se oponen a una medida como la española, González alerta de que ni siquiera por los motivos económicos la justifican. Aunque no existen datos globales, González cita varios estudios científicos que demuestran que estas medidas reducen las visitas en atención primaria pero, a cambio, incrementan la atención en urgencias y los ingresos hospitalarios, más caros que las consultas de médicos de familia. Además, el sistema español, hasta ahora principalmente financiado con fondos públicos, es más barato que la media de la OCDE (unos 1.500 euros por paciente al año en España).
Junto con España, la situación es particularmente grave en Grecia, donde Médicos del Mundo atiende cada vez más a inmigrantes víctimas de malos tratos ligados a la xenofobia. “Cada día vivimos la xenofobia en nuestras clínicas. En los últimos dos meses hemos tenido 15 casos. No podemos permanecer callados ante este problema”, alerta Nikitas Kanakis, responsable de la organización en Grecia. Además de recibir a inmigrantes, la pobreza que asuela el país ha dado un vuelco en el tipo de paciente que atiende la organización, cada vez más oriundo. De representar un 8% de los atendidos hace tres años, los griegos suponen ya la mitad de los pacientes en las clínicas de la ONG.
Médicos del Mundo quiere alertar del problema a las autoridades europeas y pide preservar uno de los elementos esenciales del Estado de bienestar europeo. “Lo primero que pedimos es que sean expertos los que propongan qué hacer con el sistema sanitario”, apunta Nathalie Simonnot, de la red internacional de la organización. Esta responsable recuerda que los derechos humanos constituyen uno de los principios fundacionales de la Unión Europea.
Rajoy se 'juega' en en el Constitucional 8.000 millones en recortes
Las halagüeñas previsiones que tanto Mariano Rajoy como su equipo de Gobierno hacen día sí y día también apoyándose en los recortes acometidos en los últimos meses podrían acabar en varapalo. El Ejecutivo está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre medidas como el copago sanitario, la no actualización de las pensiones o la amnistía fiscal, medidas que según las previsiones permitirán ahorrar 8.000 millones.
La decisión del alto tribunal portugués, que el pasado fin de semana tumbó los recortes del Gobierno de Pedro Passos Coelho, podría no ser un caso aislado. El Constitucional español tiene entre manos varios recursos presentados contra las medidas de Mariano Rajoy, y si finalmente se pronuncia contra ellas el Ejecutivo tendrá que replantear de nuevo su política.
Los recortes en Sanidad son uno de los puntos sobre las que debe decidir el Constitucional. Según recoge la Cadena SER, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre las razones esgrimidas por los gobiernos andaluz, canario, vasco y catalán para determinar que las medidas sanitarias van en contra de la Constitución.
Si finalmente acepta esta consideración, el alto tribunal dejaría sin efecto el copago farmacéutico o los nuevos criterios impuestos por la ministra Ana Mato para acceder a la tarjeta sanitaria, entre otras medidas, que el Gobierno impulsó amparándose en un ahorro de 4.000 millones de euros.
Algo parecido ocurre con la no actualización de las pensiones que recurrieron al Constitucional PSOE, CiU, Izquierda Unida, PNV y UPyD. Esta decisión evitó al Ejecutivo de Rajoy un gasto de 1.900 millones de euros anuales, empezando a contar desde 2012. Y también penden de un hilo otros mil millones que el Gobierno anunció que ahorraría con medidas educativas como el aumento de las horas semanales de los docentes o no cubrir las bajas de los profesores de pocos días.
En el mismo orden, y tras una demanda de los sindicatos, la Audiencia Nacional ha pedido al alto tribunal que se pronuncie sobre la supresión de la paga extra a más de 50.000 empleados de empresas públicas. Junto a ello hay que contar los 300 millones de euros que el Gobierno quiere recaudar con la ley de tasas judiciales y los 342 que el calculó que ahorraría con la reducción de consejeros de RTVE, medidas también pendientes del dictamen del Constitucional.
Por último, el alto tribunal debe dirimir si son o no legales son la amnistía fiscal y la reforma laboral. Con la primera de estas medidas el Gobierno recaudó casi 1.200 millones de euros el año pasado. La reforma del mercado de trabajo también está pendiente de lo que diga el Tribunal Constitucional.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/carl ... 90802.html
La sanidad madrileña del PP: solo negocio
Carlos Barra Galán- Médico Especialista del Sistema Nacional de Salud
La llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tras el tamayazo, supuso la aplicación de una política sanitaria diseñada con el objetivo de privatizar la totalidad del sistema sanitario público madrileño; su actuación política, enmarcada en una ideología neoliberal, contempla la salud como un producto de consumo y la asistencia sanitaria como un mercado de negocio con posibilidades de obtener grandes beneficios, se inició así un proceso privatizador que obvió cualquier planteamiento racional de planificación en la asignación de recursos ya que su finalidad era facilitar la entrada en tromba de las empresas privadas en la gestión y provisión de los servicios y prestaciones sanitarias; se iniciaba un desmantelamiento progresivo de la sanidad pública que hoy es desgraciadamente una realidad poco discutible.
Con inusitada rapidez se procedió a la adjudicación de los contratos para la construcción de ocho hospitales con financiación privada y se utilizó de forma deleznable las falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa como cortina de humo que eclipsó e impidió el debate político que una democracia exigía ante un tema de tal calado. Una irrupción de capital privado de tal magnitud y de manera simultánea en la sanidad pública, no tenía parangón alguno ni dentro ni fuera de nuestras fronteras y como algunos dijimos entonces ponía en peligro el futuro de la sanidad pública madrileña; hoy una década después, la deuda sanitaria en Madrid no es suficientemente conocida, la situación financiera de la Consejería de Sanidad es desastrosa y el pago de los cánones durante treinta años a las empresas adjudicatarias de las concesiones son un pesado lastre que hipoteca en gran medida el futuro inmediato, todo ello sin haber conseguido ninguna de las mejoras sustanciales que el Gobierno del PP publicitó iban a lograrse. Lo que hoy es una realidad es el desmantelamiento de los hospitales de gestión directa, el enorme deterioro de la Atención Primaria no proporcionándola los recursos humanos necesarios para cumplir su importante misión como puerta de entrada al sistema, lo que hoy es una realidad es la amortización de plazas, la no renovación de numerosos contratos y la extrema precariedad de los pocos que se realizan; ello está llevando a una disminución de la calidad asistencial a pesar de los esfuerzos de los profesionales y trabajadores del sector.
El marketing despilfarrador puesto en marcha para confundir y engañar a los ciudadanos se ha venido abajo como un castillo de naipes y hoy las masivas manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública y contra la política sanitaria del Gobierno Regional son un hecho indiscutible, participando en ellas muchos votantes del PP. Los profesionales ajenos durante tiempo a lo que estaba pasando, han reaccionado y mostrado su indignación ante el expolio que se está haciendo con la sanidad madrileña. Las mareas blancas han supuesto la unión en las calles de Madrid de profesionales y ciudadanos defendiendo la Sanidad Pública y rechazando su privatización.
Ante tal rechazo social parecería lógico pensar que el Gobierno pudiese rectificar, ello es frecuente en democracia, más no ha sido así y ante esta actitud inamovible cabría preguntarse: ¿por qué no rectifica? Esta es una pregunta que hechos ya conocidos como otros que pudieran aparecer en un futuro, pueden ayudar a darle respuesta. Me explicaré.
En el proceso privatizador llevado a cabo ha habido un elemento que ha tenido una evolución francamente positiva, me estoy refiriendo al incremento constante que el volumen de negocio de las empresas privadas ha tenido en el campo sanitario; las partidas presupuestarias asignadas a privatizar (lo llaman externalizar) la provisión de determinadas prestaciones (diagnóstico por imagen, cirugías provenientes de la lista de espera, laboratorios) han crecido sustancialmente durante estos años en los que se ha hecho frente también a los pagos millonarios de los cánones a las concesionarias.
ES AQUÍ DONDE SE HA PLASMADO EL NEGOCIO SANITARIO con jugosos beneficios para las empresas; al mismo tiempo hemos sabido que ex-altos cargos de la sanidad madrileña han pasado a ocupar cargos de mucha relevancia en empresas a las que la Consejería de Sanidad había adjudicado contratos en época de su mandato o en periodos posteriores muy próximos, así hemos conocido que el Sr. Güemes fue nombrado consejero delegado de una empresa que gestiona los laboratorios de análisis clínicos privatizados por él cuando era Consejero; conocida por la opinión pública esta enorme desvergüenza legal y ante el escándalo que comenzó a producirse el citado Sr. Güemes se vio obligado a dejar su sustancioso empleo. Hemos conocido también que la Sra. Elena de Mingo, ex-directora general de infraestructuras con rango de viceconsejera ha sido fichada por una empresa a la se adjudicaron sustanciosos contratos de asesoría y consultoría en el periodo de su mandato; a fecha de hoy no parece que la citada Sr. de Mingo se haya planteado abandonar su empleo. Es evidente que se trata de otro caso de desvergüenza legal impresentable.
Acabamos de conocer que el nefasto personaje Sr. Lamela, exconsejero de Sanidad, protagonista de la actuación política más ruin en la sanidad española en toda su historia (falsas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa) ha sido asimismo nombrado consejero delegado de la empresa Asigna que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo, centro construido y adjudicado en su mandato, también hemos sabido que esta empresa desde que Lamela ocupa en ella un puesto tan relevante ha conseguido contratos por valor de cuatro millones de euros tanto desde la Consejería de Sanidad como de estructuras administrativas dependientes del actual Presidente Regional. Parece por tanto que no sólo las empresas hacen negocio sino que determinados ex-altos cargos se procuran cargos relevantes en empresas privadas relacionadas directamente con el sector sanitario y que han recibido adjudicaciones importantes desde la Administración sanitaria. Nada ilegal ciertamente, pero asimismo una falta absoluta de ética y una desvergüenza intolerable en una sociedad democrática; quizás estos casos puedan explicar de alguna manera la negativa del gobierno regional a rectificar su política sanitaria ya que la privatización sanitaria parece favorecer el futuro laboral de altos cargos cuando abandonan los mismos. Observando lo ocurrido no parece descabellado pensar, que si no hay rectificación en la política sanitaria, veamos en el futuro cercano a otros altos cargos político-sanitarios pasar a ocupar puestos relevantes en empresas privadas que han estado relacionadas con la Administración Sanitaria; parece que al igual que todos los extesoreros del PP tienen un rasgo común, ser multimillonarios, los exaltos cargos sanitarios del PP madrileño puedan terminar teniendo un rasgo común, ser Consejeros Delegados de empresas privadas directamente relacionadas con el mundo sanitario.
Ante esta política depredadora, que está produciendo un expolio de la sanidad pública madrileña, los ciudadanos tienen la capacidad y la obligación de evitarlo, haciendo que las mareas inunden pacíficamente las calles de Madrid exigiendo la retirada de la totalidad de los planes privatizadores; en ello va en juego mantener un pilar fundamental del Estado de Bienestar: la Sanidad Pública. Es una batalla que la ciudadanía no va a perder.
Capio intenta ‘lavar su imagen’ ante la presión de la Marea Blanca
La presión que está ejerciendo la Marea Blanca sobre Capio ha obligado a la empresa a iniciar una campaña de ‘lavado de imagen’ para tratar de salir del paso. Tras anunciar Ignacio González sus privatizaciones sanitarias, este colectivo ha ‘atacado’ sin cesar a la compañía tanto en la calle como en las redes sociales, lo que ha hecho que Capio se cambie el nombre a IDC Salud y asegure que no está interesada en las externalizaciones anunciadas por el Gobierno madrileño.
Las privatizaciones sanitarias que prevé realizar la Comunidad de Madrid han puesto a Capio en el punto de mira. Primero fue la campaña de denuncia que sanitarios y pacientes iniciaron en Twitter, donde durante tres días seguidos recordaron sus negocios con el Ejecutivo autonómico, su estructura empresarial, y alguna de las denuncias lanzadas por diversos colectivos respecto a su forma de atender a los pacientes. Lo hicieron a través de varios hashtag: #AlCaPPione, #LaGallinaCaPPioMata y #LeoDeCaPPio.
Esta campaña de la Marea Blanca, unida a la incesante publicación de noticias sobre la actividad de la empresa, ha obligado a Capio a decir públicamente que no pujará por los hospitales que va a externalizar Ignacio González. Concretamente, el director general de Capio Sanidad, Adolfo Fernández-Valmayor, aseguró en una entrevista a El Mundo que la empresa “no está interesada” en este proyecto.
No obstante, la presión del colectivo que defiende la Sanidad pública no ha cesado, sino que ha ido en aumento. Y es en medio de ese escenario cuando se ha conocido que la empresa dejará de llamarse Capio y recuperará su antigua denominación: IDC Salud.
Según publicó El País, la compañía ha tomado esta decisión tras recibir una ‘orden’ de su antigua matriz, el grupo de origen sueco Capio, que le ha exigido que deje de usar ese nombre tras haberse desvinculado de ella en febrero de 2011, cuando la firma de capital riesgo CVC compró la filial española en una operación valorada en 900 millones.
Aunque, como era de esperar, la Marea Blanca también se hizo eco de la noticia en las redes sociales, donde cargó nuevamente contra la empresa y le advirtió de que con esta campaña de ‘lavado de imagen’ no frenará las presiones de sanitarios y pacientes.
Los médicos cargan contra Lasquetty por colocar a un cargo político a controlar las privatizaciones
Los médicos creen que la decisión de Javier Fernández-Lasquetty de crear la figura del Director General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios de Gestión Indirecta, en el que pondrá a Manuel Molina, para controlar los hospitales privatizados es una medida “de urgencia” que sólo busca acallar las protestas de la Marea Blanca. Algo que según anuncian no conseguirá, ya que al poner a un responsable político, y no a un técnico, en este puesto el consejero de Sanidad ha eliminado cualquier atisbo de independencia del organismo.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha criticado duramente la nueva ‘idea’ de Lasquetty. Precisamente el mismo día en que Manuel Molina toma posesión de su nuevo cargo, el colectivo de médicos ha criticado esta medida ‘improvisada’ que además deja en evidencia a la propia Consejería.
Tal y como asevera la Asociación, “sin información no hay posibilidad de control. Una reforma como la propuesta por la Consejería de Sanidad sin información ni control previo de los centros privatizados ya existentes es una grave irresponsabilidad”, por lo que la figura del nuevo Director General no servirá para nada.
La AFEM viene ha denunciado durante los últimos seis meses “la opacidad y falta de transparencia de la Consejería, que no ha presentado hasta la fecha ningún dato que avale su plan privatizador, los datos de la facturación de intercentros de los hospitales de gestión privada ni los indicadores de calidad de asistencia sanitaria”.
Como respuesta a su queja, dicen los médicos madrileños, “y ante la inminente salida de los pliegos de licitación de los hospitales candidatos a la privatización, la Consejería ha creado la Dirección General de Seguimiento y Control de los Centros Sanitarios de Gestión Indirecta”. Sin embargo, desde la AFEM se preguntan “cómo va a seguir y ejercer el control necesario de los centros el nuevo Director General si no tiene información, ya que la Comunidad Madrid no tiene los adecuados sistemas de información que permitan la evaluación real (económica y de resultados) de los actuales hospitales de gestión privada”.
En este sentido, la portavoz de la AFEM, Fátima Brañas, ha asegurado que “sin información no puede haber evaluación y mucho menos control. Lo primero que tiene que hacer la Consejería es disponer de la información y hacerla pública. Sería un gesto de transparencia que agradeceríamos todos los madrileños”.
Asimismo, Brañas ha comentado que “los mecanismos de control son imprescindibles pero, ¿qué significado tiene que el control lo lleve a cabo un responsable político? La Consejería de Sanidad ha perdido una gran oportunidad: nombrar a un técnico y no a un político. No basta con decir que hay una Comisión de Control, lo importante es que pueda ser y sea un mecanismo de control real y parea eso no puede estar politizado”.
No obstante, no es la única crítica de la AFEM, que asegura que Lasquetty ha creado también “de urgencia” la Comisión Asesora de Indicadores de Calidad de Asistencia Sanitaria. Concretamente, los médicos aseguran que “resulta llamativo que reconociendo que actualmente no disponen de tales indicadores y por tanto sin un análisis previo de los centros de gestión privada ya funcionantes, se pretenda iniciar un proceso de privatización de más centros sanitarios. Esto es sin duda un signo más de la irresponsabilidad, falta de transparencia y falta de la capacidad planificadora de la actual Consejería”.
Hoy mismo toma posesión de su cargo Manuel Molina Muñoz, que ya había trabajado en la Consejería de Sanidad madrileña a la órdenes de sus últimos tres titulares, Manuel Lamela, Juan José Güemes, y Javier Fernández-Lasquetty. En 2011 fue elegido portavoz y presidente del PP de Fuenlabrada y dejó por un tiempo la Administración sanitaria, aunque ahora vuelve a ella tras dimitir de sus responsabilidades en la ciudad del sur de Madrid.
Saludos al foro!
Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noti ... e=nacional
Cospedal aprovechará el verano para profundizar en sus recortes a la Sanidad
María Dolores de Cospedal aprovechará la llegada del verano para ahondar en sus recortes sanitarios. Tras tratar de cerrar las urgencias rurales nocturnas, medida que finalmente no pudo llevar a cabo ante el respaldo de la Justicia a los ayuntamientos afectados, ahora ha decidido meter la tijera en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Según denuncian los socialistas, la presidenta de Castilla-La Mancha cerrará varias unidades del centro durante el periodo estival.
Concretamente, el PSOE manchego ha cargado contra la también secretaria general del PP por decretar el cierre de la planta 7ª del hospital, que alberga el área de Medicina Interna e Infecciosos, en la que hay varias habitaciones acondicionadas para el correcto aislamiento de pacientes con infecciones. Esta decisión de Cospedal pone en riesgo la salud de todos los pacientes, ya que aquellos ingresos con infecciones se llevarán a plantas que no están preparadas para manejar y tratar este tipo de dolencias.
Una decisión, dicen los socialistas, que no se queda ahí, sino que se une al también anunciado cierre durante el verano de la 1ª A, de Cirugía General, y la mitad de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital. Todo ello, dice el propio gerente del centro, duplicará el recorte en el presupuesto anunciado por Cospedal para el Área de Salud de Cuenca.
No obstante, esta decisión no sólo ha sido denunciada por el PSOE, sino que los profesionales del centro también han cargado duramente contra ella. Incluso, dicen los socialistas, ante la falta de respuesta del Ejecutivo de Cospedal a sus reivindicaciones, son muchos los que se plantean llevar a los tribunales la situación del hospital.
Estas críticas llegan un día después de que el alcalde del municipio toledano de Madridejos, José Antonio Contreras, denunciase los recortes sanitarios de Cospedal, y más concretamente el hecho de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) no disponía de medicación suficiente para evitar contagios tras un brote de meningitis.
Unos recortes que la propia presidenta manchega puso en marcha hace unos meses, cuando decretó el cierre de las urgencias rurales nocturnas. No obstante, poco después se vio obligada a dar marcha atrás debido al respaldo que habían logrado los ayuntamientos afectados por parte del Tribunal Superior de Justicia regional.