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¿Por qué se ha comercializado la Liraglutida?
Os recomiendo un blog interesante: http://reflexionsanitaria.blogspot.com/
En él he leído esto (matizo que la liraglutida solamente trata la diabetes tipo 2):
En el último boletín evaluación farmacoterapeútica del CIEMPS se publica un análisis sobre la liraglutida (incretina para el tratamiento de la Diabetes Mellitus) en el que se concluye que:
- No supone avance terapéutico alguno, ni siquiera para algún grupo de pacientes con alguna característica especial. Es, por tanto un me-too, (igual eficacia que otros del mismo grupo terapéutico y seguridad teórica similar aunque sin estudios en fase IV)
- Los seis estudios que la avalan son de baja o muy baja calidad con deficiencias en el diseño, sin incluir la morbimortalidad como variable de eficacia, comparando la molécula con placebo y/o con sustancias a dosis máximas poco utilizadas en la práctica clínica (Glimepirida), o con sustancias retiradas del mercado (Rosiglitazona).
- Tiene el mismo perfil de reacciones adversas que el resto de los análogos de GLP-1 aunque mayores tasas de abandono.
- Se sospecha que puede producir pancreatitis aguda y neoplasias de tiroides. No se dispone de información de seguridad a largo plazo.
- Los pacientes han de pinchársela porque no tiene forma oral
- Es el doble de cara que la insulina más cara (glargina) y tres veces más cara que la insulina NPH.
Entiendo que la AEMPS (Agencia reguladora española), en su larga trayectoria de desentendimiento en sus actos con las consecuencias sobre la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, haya admitido su comercialización. Es tan aséptica en sus veredictos…
Pero no puedo entender que este gobierno, a través de su Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios haya admitido su financiación pública.
Porque, ¿acaso hay alguna “alma cándida” en el Ministerio que no sabe que, tras su financiación pública, se dispara una red de agentes comerciales que sabiendo (o sin saberlo) que su producto no es mejor que otros, han de utilizar todas las “estrategias posibles” para posicionarlo entre la prescripción médica? ¿Acaso no saben que muchos médicos serán receptivos a tales estrategias (alguna vez analizaré el perfil de estos médicos) y esto producirá un despilfarro económico al sistema y una merma en la seguridad de los pacientes tratados?
Son muchas las voces que han pedido, desde hace años, un cambio en la política de medicamento en este país, sin ir más lejos, en este mismo blog he publicado dos entradas en este sentido (“Ha mostrado ser no inferior” y “Y la AEMPS sigue sin enterarse”) pero son muchos más los autores. Pero si esta política siempre ha sido insostenible, con la crisis económica actual es moralmente reprobable.
No puede ser que se estén cerrando servicios sanitarios y eliminando contratos de personal sanitario que SI afectan a la atención sanitaria y a la vida de las personas y se perpetúe una política del medicamento que SOLO beneficia a los intereses económicos de las grandes industrias farmacéuticas y NO a la salud de los ciudadanos.
Creo que ya es hora de decir basta, creo que ya es hora de denunciar estas políticas que priorizan a las empresas y sus beneficios industriales. Las decenas de millones de euros que se van a derrochar financiando un producto innecesario, podrían dedicarse a mantener esos servicios sanitarios que se están cerrando.
En él he leído esto (matizo que la liraglutida solamente trata la diabetes tipo 2):
En el último boletín evaluación farmacoterapeútica del CIEMPS se publica un análisis sobre la liraglutida (incretina para el tratamiento de la Diabetes Mellitus) en el que se concluye que:
- No supone avance terapéutico alguno, ni siquiera para algún grupo de pacientes con alguna característica especial. Es, por tanto un me-too, (igual eficacia que otros del mismo grupo terapéutico y seguridad teórica similar aunque sin estudios en fase IV)
- Los seis estudios que la avalan son de baja o muy baja calidad con deficiencias en el diseño, sin incluir la morbimortalidad como variable de eficacia, comparando la molécula con placebo y/o con sustancias a dosis máximas poco utilizadas en la práctica clínica (Glimepirida), o con sustancias retiradas del mercado (Rosiglitazona).
- Tiene el mismo perfil de reacciones adversas que el resto de los análogos de GLP-1 aunque mayores tasas de abandono.
- Se sospecha que puede producir pancreatitis aguda y neoplasias de tiroides. No se dispone de información de seguridad a largo plazo.
- Los pacientes han de pinchársela porque no tiene forma oral
- Es el doble de cara que la insulina más cara (glargina) y tres veces más cara que la insulina NPH.
Entiendo que la AEMPS (Agencia reguladora española), en su larga trayectoria de desentendimiento en sus actos con las consecuencias sobre la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, haya admitido su comercialización. Es tan aséptica en sus veredictos…
Pero no puedo entender que este gobierno, a través de su Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios haya admitido su financiación pública.
Porque, ¿acaso hay alguna “alma cándida” en el Ministerio que no sabe que, tras su financiación pública, se dispara una red de agentes comerciales que sabiendo (o sin saberlo) que su producto no es mejor que otros, han de utilizar todas las “estrategias posibles” para posicionarlo entre la prescripción médica? ¿Acaso no saben que muchos médicos serán receptivos a tales estrategias (alguna vez analizaré el perfil de estos médicos) y esto producirá un despilfarro económico al sistema y una merma en la seguridad de los pacientes tratados?
Son muchas las voces que han pedido, desde hace años, un cambio en la política de medicamento en este país, sin ir más lejos, en este mismo blog he publicado dos entradas en este sentido (“Ha mostrado ser no inferior” y “Y la AEMPS sigue sin enterarse”) pero son muchos más los autores. Pero si esta política siempre ha sido insostenible, con la crisis económica actual es moralmente reprobable.
No puede ser que se estén cerrando servicios sanitarios y eliminando contratos de personal sanitario que SI afectan a la atención sanitaria y a la vida de las personas y se perpetúe una política del medicamento que SOLO beneficia a los intereses económicos de las grandes industrias farmacéuticas y NO a la salud de los ciudadanos.
Creo que ya es hora de decir basta, creo que ya es hora de denunciar estas políticas que priorizan a las empresas y sus beneficios industriales. Las decenas de millones de euros que se van a derrochar financiando un producto innecesario, podrían dedicarse a mantener esos servicios sanitarios que se están cerrando.
Todos los días sale el sol. Y sino sale ya me encargo yo de sacarlo.
She is on my mind
DM1 desde 2004
ISCI Medtronic Minimed
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Comentarios
Ah, y tampoco estoy de acuerdo con eso de que la sanidad y educación deben ser intocables en cuanto a los recortes. Decir eso es simplista. Queda muy progre pero es pueril. Aquí en este hilo tenemos un ejemplo. Por supuesto que también hay que racionalizar el gasto en esas áreas, como en las demás. En sanidad se despilfarran miles de millones y los servicios de salud* son gestionados por incompetentes que no ven más allá de los papeles que les ponen encima de la mesa. Y cuando ven dos papeles en su mesa que hacen referencia a un gasto, en uno pone que cuesta 3 y en el otro 5, pues van al de 3 sin pensar nada más. Y así nos va.
* edito para poner el asterisco acotando que, por supuesto, cuando hablo de responsables de salud, me refiero a los autonómicos. Porque actualmente, en temas de sanidad, las autonomías son las que hacen y deshacen cada una a su antojo. Y son ellos los que tienen en su mano hacer que el presupuesto de sanidad sea invertido de una forma racional y adecuada.
Está escrito en un entorno global. Copio y pego:
El AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios, o en ingles GATS - General Agreement on Trade and Services) es un acuerdo multilateral elaborado por la OMC desde 1995 bajo la impulsión de los Estados Unidos, y que concierne los "servicios" en sentido muy amplio del termino.
Las negociaciones se han iniciado en Enero del 2000 y tienen que durar hasta Enero 2005, fecha limite y perentoria fijada para la adopción del acuerdo. Las negociaciones son dirigidas por Robert Zoellick (ver foto) para los Estados Unidos y por Pascal Lamy para la Unión Europea.
De hecho como "servicio-favor", el AGCS prevé la privatización total del CONJUNTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: la distribucion publica de electricidad (EDF), el Correo, los transportes publicos (Air France, SNCF, RATP), pero tambien la salud y la educacion cuyo acceso sera asi reservado a los mas favorecidos. A largo plazo, esto significa una baja de la esperanza de vida, un retorno masivo al analfabetismo funcional, de poblaciones cada vez menos inteligentes y cada vez mas manipulables....
Al final, el AGCS prevé la liberalización total de 160 sectores de actividad, de los cuales algunos representan fabulosos mercados mundiales que excitan desde hace mucho tiempo al sector privado (2000 billones de dólares para la educación, 3500 billones de dólares para la salud).
Antes mismo de la firma del AGCS, los gobiernos europeos han empezado a poner en obra la privatización de los servicios públicos. Los proyectos de privatización ya anunciados de algunos servicios públicos en Francia (EDF, Air France, La Poste... ) están siendo dictados por el AGCS, que los gobiernos de derecha y de izquierda han elaborado en secreto, a espaldas de los ciudadanos, y con el silencio cómplice de los medios de comunicación, pero también de organizaciones sindicales "collaboracionistas" del nuevo orden económico (los dirigentes del primer sindicato francés, la CFDT, son participantes asiduos del Foro de Davos ). Políticas idénticas son actualmente aplicada en el conjunto de países occidentales.
Como para el AMI, las negociaciones del AGCS se desarrollan en la más grande opacidad. A pesar de las demandas repetidas de ciertos parlamentarios europeos, el acceso a los documentos de negociación les ha sido rechazado.
Como el AMI, el AGCS tiende a favorecer siempre mas libertad y derechos para las multinacionales, a reducir el poder económico de los estados, y a desmantelar metódicamente el conjunto de reglamentaciones sociales y medioambientales. Estos ataques simultáneos se inscriben en lo que debe llamarse una guerra. Una guerra social e interior, una guerra de empresas contra los ciudadanos.
Gracias a la apatía del público y de los contra-poderes sindicales, esta guerra esta a punto de alcanzar sus objetivos: la anulacion del conjunto de derechos sociales adquiridos desde hace 1 siglo, la supresion de todo obstaculo a la "libertad" de empresa (libertad de contaminar, libertad de explotar sin limite, libertad de destruir vidas mediante la miseria y el desempleo... ), y la supresion definitiva del poder de las instituciones elegidas (los estados) y entonces, de la democracia.
Para responder a esta guerra que entra en su fase final y cuyas consecuencias serán irreversibles (sin retorno), el tiempo ha llegado para los ciudadanos.
Sabotaje antes de la privatización
Para obtener fácilmente el consentimiento de la opinión para la privatización de los servicios públicos, la estrategia la mas comúnmente utilizada consiste en organizar prealablemente el sabotaje de los servicios públicos, a fin de que su ineficiencia pueda servir de pretexto a su privatización. Esta estrategia ha sido masivamente aplicada en los sectores de la salud y la educación.
He aquí lo que se puede leer a propósito de la educación pública en un documento de la OCDE, la organización de los Amos del Mundo el cual es igualmente autor proyectista del l'AMI:
"Si se disminuye los gastos de funcionamiento, hay que estar pendientes de no disminuir la cantidad de servicio, de forma que la calidad baje. Se puede reducir, por ejemplo, los créditos de funcionamiento de las escuelas y las universidades, pero seria peligroso de restringir el numero de alumnos y estudiantes. Las familias reaccionaran violentamente a un rechazo de inscripción de sus hijos, pero no a una baja gradual de la calidad de enseñanza.
Esto se hace progresivamente, en una escuela y no en un establecimiento vecino, de forma que se evite un descontento general de la población."
Cuaderno de política económica" n°13 de la OCDE