Emergencia sanitaria nacional por la Diabetes tipo 2, por María del Carmen Castro Vásquez

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Nunca estará de más en insistir que la promoción de la salud, es un derecho, en tanto incluye prevención de enfermedades, acceso a una alimentación sana, en costo y en disponibilidad; el acceso oportuno a los servicios de salud, en contar con infraestructura urbana para promover el ejercicio, la seguridad pública para usarla, una mayor regulación en la venta de alimentos, en la publicidad de la misma, por mencionar solo algunas cosas que pretendo enlazar al tema de esta reflexión: el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, declaró la emergencia sanitaria nacional por la gravedad que ha alcanzado la prevalencia de la Diabetes Mellitus II en la población.

Como se publicitó en noviembre pasado, que en mi opinión no se mantuvo en los medios lo suficiente, los estragos que esta enfermedad crónica genera, afecta no sólo en lo individual, sino también al grupo familiar, en bienestar y en términos económicos; afecta al sistema de salud y a la economía nacional.

Ante la declaratoria de emergencia esperábamos medidas de igual forma emergentes y urgentes, que por desgracias aún no se aprecian: el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en país, enfatizó que las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, se fortalecerían, como el etiquetado en los productos que se modificaría para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los mayores problemas con no cumplir con dicha disposición es que en México se sigue privilegiando el consumo de azúcar (recomendación para el consumo diario: 50 gramos y no 90 gramos como aún se señala en las etiquetas), que promueve el sobrepeso y la obesidad, así como la diabetes. Habría que preguntarse sobre el juego de intereses con la industria alimentaria que pone en entredicho la salud poblacional.

La enfermedad en su inicio no presenta síntomas, por ello la detección oportuna se hace indispensable. Y así como se ha anunciado, afrontar dicha emergencia exige una necesaria intervención del Estado y la sociedad civil. Se informa, por ejemplo, que la mitad del presupuesto del IMSS se dirige a la atención de las enfermedades crónicas (además de la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares).

El sistema de salud es complejo, de calidades diversas, y esto es un reto más para el combate de la diabetes (así como de otras muchas enfermedades); es un sistema fragmentado con una distribución desigual de recursos que no puede asegurar servicios de calidad igual para todos los derechohabientes. Otras dimensiones del problema que mantienen la gravedad de la diabetes es la falta de una promoción de la salud a través del fomento de hábitos saludables como el ejercicio físico, en todos los niveles socioeconómicos y edades, que debería ser prioridad nacional en esta emergencia y destinar recursos para crear espacios seguros.

La regulación en la publicidad en los medios (especialmente la dirigida a los niños) y la información nutricional en el consumo, son otras dimensiones. Por ejemplo, el derecho a la información en salud a través del etiquetado de los productos, como dijimos, que no cumple lo recomendado por la OPS. La Asociación Civil El poder del consumidor (), ha señalado insistentemente sobre las debilidades y medidas urgentes para combatir la “epidemia” de la diabetes, como la necesidad de un estricto etiquetado de los productos alimenticios. Hay que insistir, el panorama es gris por la complejidad de los factores que intervienen en el control de esta “epidemia”, empecemos por medidas sencillas, pero constantes, más frutas y verduras en la alimentación y 20 minutos diarios de ejercicio moderado.

*Profesora-Investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El Colegio de Sonora (ccastro@colson.edu.mx)