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Tómate 1 minuto para firmar la solicitud de derogación de la Ley/15/97 que permite la privatización de la Sanidad pública.
Entre tod@s tenemos que aportar lo que podamos para frenar este despropósito en el que se están convirtiendo nuestros servicios públicos.
Aparte de la privatización de los nuevos hospitales, el gobierno de Esperanza Aguirre ha iniciado la privatición de la Atención Primaria, existiendo centros de salud que ya tienen algunas plantas privadas, con consultas privadas y medicos contratados de manera privada!!
En 2 o 3 años el sistema nacional de salud no será más que un conglomerado de empresas privadas, que dejarán de pautar ciertos tratamientos o no realizarán intervenciones quirúrgicas si el gasto no les conviene. Este hecho se está constatando ya en el Hospital del Sureste, donde a enfermos con un tratamiento caro se les está negando el mismo. Los nuevos hospitales, como ya sabéis están funcionando con el mínimo de personal, en algunos casos esto repercute tanto en la calidad de los cuidados que se están dando situaciones en las que se pone en peligro la vida de los pacientes, ¿quieres quedarte a un lado?
Firma en: http://www.casmadrid.org/
Te pido que lo envíes al mayor número de contactos posibles. Además puedes descargarte la hoja de firmas en la misma página.
¡¡POR UNA SANIDAD PUBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD!!
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Aparte de la privatización de los nuevos hospitales, el gobierno de Esperanza Aguirre ha iniciado la privatición de la Atención Primaria, existiendo centros de salud que ya tienen algunas plantas privadas, con consultas privadas y medicos contratados de manera privada!!
En 2 o 3 años el sistema nacional de salud no será más que un conglomerado de empresas privadas, que dejarán de pautar ciertos tratamientos o no realizarán intervenciones quirúrgicas si el gasto no les conviene. Este hecho se está constatando ya en el Hospital del Sureste, donde a enfermos con un tratamiento caro se les está negando el mismo. Los nuevos hospitales, como ya sabéis están funcionando con el mínimo de personal, en algunos casos esto repercute tanto en la calidad de los cuidados que se están dando situaciones en las que se pone en peligro la vida de los pacientes, ¿quieres quedarte a un lado?
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EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, incorporó al ámbito del Sistema Nacional de Salud, un modelo de organización de los centros y servicios caracterizado, fundamentalmente, por la gestión directa, tradicional en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Dicha norma reguló, asimismo, la vinculación de los hospitales generales de carácter privado mediante convenios singulares, y los conciertos para la prestación del servicio sanitario con medios ajenos, dando prioridad a los establecimientos, centros y servicios sin carácter lucrativo.
Al objeto de ampliar las formas organizativas de la gestión de los centros sanitarios, el Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del lnsalud, vino a establecer que la administración de los mismos pudiera llevarse a cabo, no sólo directamente, sino indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en Derecho, así como a través de la constitución de consorcios, fundaciones u otros entes dotados de personalidad jurídica, pudiéndose establecer, además, acuerdos o convenios con personas o entidades públicas o privadas, y fórmulas de gestión integrada o compartida, generalizando las previsiones contenidas en diversas leyes dictadas por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
La entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 10/1996 ha permitido al Instituto Nacional de la Salud la puesta en marcha de algunas iniciativas en materia de gestión y, en concreto, la constitución de fundaciones de naturaleza o titularidad pública para la gestión de nuevos hospitales.
Igualmente, conviene señalar que se han creado diversas empresas públicas y consorcios por las Comunidades Autónomas al amparo de su legislación específica.
Con la presente Ley se procede a dar nueva redacción al artículo único del mencionado Real Decreto-ley, transformado ahora en Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. En esta Ley se establece que la gestión de los centros y servicios sanitarios y sociosanitarios puede llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho; entre otras formas jurídicas, la presente disposición ampara la gestión a través de entes interpuestos dotados de personalidad jurídica, tales como empresas públicas, consorcios o fundaciones -en los mismos términos a las ya creadas- u otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en nuestro ordenamiento jurídico.
De acuerdo con lo establecido, para cada caso, en las leyes, mediante esta norma se habilita expresamente al Gobierno y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias- para determinar reglamentariamente, las normas jurídicas, los órganos de dirección y control, el régimen de la garantía de la prestación, la financiación y las peculiaridades en materia de personal de las entidades que se pudieran crear para la gestión de los servicios. En esta previsión, la Ley viene a precisar la facultad otorgada al Gobierno por la disposición final única, 1, del anterior Real Decreto-ley 10/1996 -así como a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas en diversas leyes autonómicas-, otorgando carácter reglamentario a las decisiones que adopte el Ejecutivo sobre la materia, y fijando los extremos que deben contenerse necesariamente en dicha reglamentación.
Por último, el proyecto de Ley, en términos similares al Real Decreto-ley anterior, recoge las distintas formas previstas en la legislación vigente, de gestión de los servicios a través de medios ajenos, haciendo hincapié en la posibilidad de establecer -cualesquiera que sean sus modalidades- acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, adecuándose a las garantías establecidas en la Ley General de Sanidad.
La presente norma en línea con el espíritu del Real Decreto-ley 10/1996, que viene a sustituir, debe constituir un importante instrumento de flexibilización y autonomía en la gestión sanitaria, necesidad ineludible de la actual organización pública, con vistas a mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Salud, cuya consolidación y modernización es objetivo prioritario de nuestra sociedad.
Artículo único.
1. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho.
En el marco de lo establecido por las leyes, corresponderá al Gobierno, mediante Real Decreto, y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas -en los ámbitos de sus respectivas competencias-, determinar las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de los centros y servicios mencionados.
2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley.
Disposición final única.
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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